Aseguran que el proyecto contra la legitimación de ganancias ilícitas amenaza la integridad de la familia. Se sumarán al paro de los gremiales del próximo lunes 11

5 de octubre de 2021, 7:00 AM
5 de octubre de 2021, 7:00 AM

Con jornadas de oración e intercesión, las Iglesias Evangélicas Unidas de Bolivia convocaron a sus fieles y a todos los ciudadanos a acompañar la “guerra espiritual” en rechazo al proyecto de ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, por considerar que es inconstitucional y representa una amenaza a la integridad de la familia boliviana.

El vocero oficial de las iglesias evangélicas, Luis Aruquipa, afirmó que esta ley creará un estado de persecución a toda la población boliviana, porque más de 17 artículos violan derechos constitucionales de los ciudadanos bolivianos.

“A simple denuncia la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras) puede ingresar a su domicilio, vulnerar llamadas telefónicas, viola el derecho a la intimidad, el derecho al culto y el de recoger el diezmo”, señaló Aruquipa.

Además, dispone que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) realice investigación sobre el delito de legitimación de ganancias sobre una persona natural o jurídica con solo inferir este hecho, sin orden judicial.

El representante de las iglesias protestantes coincidió con el secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Wilfredo Castro, en rechazo al proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados y que se encuentra en el Senado para su tratamiento.

“Se está coordinando con todas las organizaciones para exigir la anulación de ese proyecto de ley que es draconiano, ya que el 80% de los bolivianos será perjudicado, inclusive los propios masistas”, dijo Castro.

Es más, el dirigente instruyó a los afiliados que acaten el paro convocado para el próximo lunes 11. Señaló que la medida, inicialmente, será por 24 horas y posteriormente por 48 horas hasta llegar a un paro indefinido en función a la respuesta del Gobierno.

Desde El Alto, el secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Toño Siñani, informó que no solo su sector, sino otros más rechazan la referida ley que vulnera sus derechos y abre la posibilidad de ser investigados a simple denuncia.

Se vulnera derechos

Félix Oros, vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, señaló que el proyecto de ley vulnera los derechos y garantías constitucionales establecidos en diversos artículos de la Constitución Política del Estado (CPE).

“Esta norma desnuda a todos los ciudadanos. Y usted no tendrán ningún tipo de privacidad porque a la simple sospecha e indicios, será investigado de haber cometido un delito”, dijo.

El jurista calificó a la norma como dictatorial y busca perseguir opositores al actual gobierno. Aclaró que la ley no es necesaria porque el delito de legitimación de ganancias ilícitas ya está tipificado en el Código Penal y que la ley vulnera varios artículos de la Constitución.

“Esto vulnera, por ejemplo, el artículo 115 del debido proceso, el 119 que es el derecho a la defensa, el 116 que es la presunción de inocencia”, detalló.

Agregó que la ley es escandalosa y demuestra que Bolivia se encamina a un régimen dictatorial, como ocurre en otros países de la región que comparten la línea ideológica del MAS.

“Investigarán a las personas a simple denuncia. Estamos en un sistema dictatorial, se violentan los derechos fundamentales”, dijo. Para el jurista, la norma deja de lado el derecho de la presunción de inocencia, porque “establece que todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario”.

Señaló que existen dos vías para frenar el avance de la norma, uno es mediante la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, que debe ser presentado por un parlamentario, y la otra es denunciar penalmente a los proyectistas de esta norma por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado.

Por su parte, el abogado Ciro Añez sostuvo que este proyecto vulnera “el secreto profesional, bancario, y la privacidad de las personas, y eso constitucionalmente es inviolable a menos que exista orden judicial”.

Es más, dijo que la norma otorga a la UIF, que es un órgano técnico, superpoderes para anotar preventivamente “bienes y congelar cuentas sin orden judicial”.

El economista German Molina agregó que con la norma el Gobierno busca también recaudar recursos, mediante las sanciones a las empresas que podrán ser investigadas. Esto ante la caída de los ingresos generados por el Estado, lo que genera déficit.

Ana María Morales, directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), en Bolivia TV, se refirió a la ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y explicó que el objetivo de la norma, proyectada junto con el Ministerio de Economía y la participación de varias entidades del Estado, es adecuar la normativa nacional a los estándares internacionales.

Mientras que el ministro de Justicia, Iván Lima, sostuvo que el Gobierno se abrirá el debate del mencionado documento para escuchar las observaciones fundamentadas, pero con el propósito de luchar contra las organizaciones criminales.