Evo elude la justicia peruana, pero alista una reunión ‘virtual’ en Puno

El expresidente Evo Morales, quien anticipó que no responderá a la justicia de Perú mientras continúe Dina Boluarte en el poder, será parte de un evento político en Puno. Como le tienen prohibido ingresar al vecino país, se prevé que su participación sea virtual, anticiparon los organizadores.

Germán Alejo Apaza, el gobernador regional de Puno, explicó que se desarrollará “un encuentro internacional para recordar a las víctimas del genocidio del gobierno de Dina Boluarte”. Precisó que la participación de Morales será a través de una pantalla gigante que estará conectada a la plataforma Zoom. “No hay fecha, puede ser septiembre u octubre. Tiene que ser este año sí o sí”, señaló Alejo.

Desde el 7 de enero, según una resolución de la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú, el líder del MAS no puede ingresar a ese territorio. La decisión, que también rige para otros ocho ciudadanos bolivianos, fue contemplada por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno y, por eso, emitió una citación a una comparecencia virtual, prevista para el 10 de mayo.

Morales debería presentar allí sus descargos frente a la investigación que desarrolla el Ministerio Público peruano sobre la existencia de un “plan separatista” en Puno, el departamento que limita con una extensa zona altiplánica de Bolivia. Morales fue vinculado en este caso por “acciones y declaraciones” que emitió en Puno, muchas de ellas relacionadas con asuntos internos del vecino país.

En realidad, se trata de la segunda convocatoria puesto que no se presentó a la primera audiencia que había sido fijada para el 7 de marzo. La Fiscalía presentó cargos de “atentados contra la seguridad nacional y usurpación de la función públicas” contra Morales, cargos que tienen una pena de hasta 15 años de cárcel. Estos delitos están relacionados con la crisis social y política que estalló en Perú entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de este año, luego de la destitución de Pedro Castillo de la Presidencia.

El exmandatario fue uno de los aliados de Evo para llevar adelante “el proyecto de integración Runasur”, que ahora está en el punto de mira de las autoridades peruanas, porque pudo vulnerar el principio de “la unidad territorial”.

Además de Evo Morales, en este proceso legal fue incluido Vladimir Cerrón, el secretario general de Perú Libre, la organización política que llevó a Castillo al poder. También está bajo la pesquisa legal el propio gobernador Alejo.

“Están buscando responsables donde no hay. (La presidenta) Dina Boluarte quiere evadir su responsabilidad y presiona a instituciones que son autónomas y esto es una persecución política”, señaló el gobernador de Puno, poco antes de reclamar “autonomía de la Fiscalía” para investigar los sucesos durante las protestas.

La Defensoría de Perú documentó 67 fallecidos, 49 en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, 11 civiles en los bloqueos de carreteras y siete miembros de las fuerzas del orden. Según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hubo 1.785 heridos entre civiles, policías y militares enviados para controlar las protestas.

El excanciller de Perú Luis Gonzales Posada señaló que la Fiscalía peruana estará en condiciones de solicitar la detención de Morales. “Si se rebela, existen mecanismos internacionales”, afirmó ante la posible ausencia del expresidente ante la citación de este miércoles.

“Evo Morales se ha entrometido sistemáticamente en asuntos de competencia del Perú; lo hace cada momento que puede para difamar e insultar a quienes no están en su línea política. Durante el gobierno de Pedro Castillo, Evo Morales recorrió varias partes de mi país, levantando la nacionalización de los hidrocarburos, la convocatoria a una Asamblea Constituyente y que se permitiera el cultivo de hoja de coca, además de la expulsión de la DEA (la Agencia Antidrogas de Estados Unidos) de nuestro país”, señaló Gonzales Posada al EL DEBER.

Morales visitó Perú al menos ocho veces durante los 497 días en los que gobernó Castillo. En ese tiempo, 12 de sus colaboradores cercanos ingresaron en 27 ocasiones para participar de talleres y eventos de capacitación, muchas de ellas a instancias de Perú Libre, el partido que ganó las elecciones en 2021 y del que también formó parte Boluarte.

Pero, el hecho sobre el cual puso más atención la Fiscalía fue la visita que Morales hizo a Perú el 17 de noviembre de 2022. En esa fecha, la Universidad del Altiplano le confirió al expresidente el título de Honoris Causa y se produjo la reunión “fundacional” de Runasur sobre las bases descritas por el excanciller Gonzales Posada.

Alejo Apaza explicó el viernes a los medios de su país que ese día no firmó ningún documento que oficialice la adhesión de su región al proyecto que lideró Morales. Precisó que aún no sabe si fue citado por la Fiscalía en este caso.

Un video de esas reuniones está entre las evidencias que tiene el Ministerio Público. Además, el fiscal de Puno, Efraín Mallea Claros, ha requerido que la Universidad del Altiplano le envíe los antecedentes de la condecoración y las bases legales de esa premiación para establecer más evidencias.

Morales también llevó adelante reuniones en Argentina para hablar de Runasur. El proyecto generó reacciones en Chile, donde se intentó, sin éxito, poner en marcha una constitución que funde un nuevo Estado Plurinacional.

“Percibo que el expresidente Morales está en un momento complicado. Por una parte, se autopercibe como el tercer gran líder de la región, tras Castro y Chávez, que ya no están. Pero, ya no tiene a Álvaro García Linera como asesor. Además, ese plan ya fracasó en Chile y Runasur, su variable continentalista, se hundió en el Perú, junto con la caída de Pedro Castillo. Quizás, por eso Morales ahora está inmerso en una aventura muy peligrosa: la injerencia directa en la política interna peruana, que ya le valió la acusación de buscar la secesión de Puno, la declaración de persona non grata y la prohibición de entrar al Perú”, señala un análisis del abogado y diplomático chileno José Rodríguez Elizondo para EL DEBER.

El jurista señaló que García Linera, quien fuera su vicepresidente, fue quien le dio forma al proyecto de permanecer en el poder.

“Morales puede tener derecho a proponer los foros regionales y/o los proyectos políticos regionales que el crea pertinentes, pero cuando chocan con la soberanía de los estados es normal que estos, a través de sus gobiernos o autoridades judiciales, reaccionen defendiendo la integridad del Estado y el territorio. El requerimiento a Evo Morales por parte de la justicia peruana responde a estos criterios”, señaló a esta redacción el historiador y académico peruano Daniel Parodi Revoredo.

Además, consideró que “al proyecto de Morales le han faltado límites, le han faltado inclusive maneras, le ha faltado sentido común para moderarse y así poder convocar a un público mayor hacia un proyecto que pudiese resultar viable, pero este no me parece el caso de Runasur”.

En el plano jurídico legal, el abogado peruano Andy Carrión explicó que si Morales no asiste a esta segunda citación “su situación se complicará” porque la Fiscalía puede solicitar su detención preventiva con fines de extradición, pero su abogado defensor Raúl Noblecilla arguyó que su defendido enfrenta una persecución política”. De todas maneras, se espera que este miércoles se presente algún recurso legal.

“No se va a presentar, Ese proceso no tiene ni pies ni cabeza. Ese proceso es fruto de una decisión política. Posiblemente, por formalismo algo se responderá, pero no se va a presentar Evo Morales. Es una de las persecuciones políticas que tantas veces ha sufrido el hermano Evo Morales”, anticipó el senador Leonardo Loza (MAS), próximo al expresidente.