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Entel SA, Datacom-Bolivia SAC y el Ministerio de Obras Públicas son los tres querellantes que debe enfrentar el ex gerente general de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Eddy Luis Franco. Estas entidades lo acusan de haber pagado siete cheques a la empresa, Servitel Multiservicios Generales de propiedad de un ciudadano peruano.


“Se tiene una Orden de Compra Nro.000018-2020 el cual refiere el pago realizado a favor de la empresa Servitel Multiservicios Generales, de propiedad de César Antonio García Pretil, por la suma de $us 389.919 transferencia realizada con una simple orden de compra, obviando cumplir con un proceso de contratación”, señala la primera parte de la imputación formal, presentada por el fiscal Eddy Junior Flores.


Según este documento, los pagos empezaron en marzo de 2020 y concluyeron en noviembre del mismo año. El primer cheque salió el 5 de marzo de 2020, el monto fue $us 65.619 y el trabajo que debía realizar la empresa de García Pretil eran visitas para verificar el proyecto de fibra óptica de Entel SA hacia el Océano Pacífico, supuestamente el presupuesto era para cuatro trabajadores de la empresa, el uso de dos camionetas 4x4, seguro de vida, seguro Covid-19, alimentación, y combustible por nueve meses, con ocho horas diarias.


El segundo cheque pagado fue el 1 de junio de 2020 y Entel desembolsó $us 25.006 y el concepto que figura en el documento señala, 'Visita inicial Lurín, tramo 1 y 2, 3.


Luego el 31 de julio del mismo año se desembolsó $us 78.126 el concepto era 'Informe Nro. 01, Revisión Lurín'.


El 31 de agosto se emitió otro cheque por $us 10.662 y se trataba del segundo informe en el tramo Lurín-Ilo.


El quinto pago fue el 30 de septiembre por $us 7.255 y se refiere al tercer informe de revisión en la región de Moquegua.


El penúltimo cheque se pagó el 31 de octubre de 2020 cuando ya se sabía que habría cambio de Gobierno, el monto fue $us 25.751 por la revisión del tramo Mazocruz –Tacna.


El último cheque pagado es del 20 de noviembre de 2020 por $us 177.495 y el concepto que figura en la imputación es 'Informe Nro.-05 Revisión Mazocruz - Desaguadero Reportes de abril - mayo, Revisión de Postes (cuantificación) Informe final de la verificación y revisión tramos 1-2 3-4'.


Fantasma


Según la Fiscalía, ninguno de estos trabajos fue realizado, este dato figura en el informe que recibió Entel de su subsidiaria Datacom-Bolivia SAC. El documento también señala que la empresa Servitel Multiservicios Generales no existe en Perú y por tanto, no podría ser contratada por la empresa estatal boliviana.


“De acuerdo a la información obtenida del portal web de la Sunat (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria) de la República del Perú, donde se infiere que presunta la Empresa Servitel Multiservicios Generales, de propiedad de César Antonio García Pretil, recién emite todas las facturas en fecha 24 de marzo de 2021, debido a que en fecha 22 de marzo de 2021 la citada empresa habría obtenido su Registro Único de Contribuyentes”, señala la imputación fiscal.


Subsidiaria


La imputación también permitió conocer que el gerente general de Entel SA también figura como gerente general de Datacom-Bolivia SAC, que tiene oficinas en Perú, en la urbanización, Jardín, San Isidro, de la ciudad de Lima.


Según los medios peruanos, el proyecto Fibra Óptica de Entel SA hacia el Océano Pacífico está enmarcado en la intención de Bolivia de conectarse a redes submarinas internacionales en el océano Pacífico. El enlace, que atraviesa territorio peruano, se completó e inauguró en 2020 y tuvo un costo de $us 66 millones. La red tiene 2.000 kilómetros divididos en dos tramos, uno desde el puerto de Ilo hasta Lurín en Perú, y otro desde Ilo hasta Desaguadero, en la frontera entre Perú y Bolivia.


Según la acusación fiscal, la que realiza los pagos a la empresa de García Pretil es Carola Gabriela Valencia Fuentes, que fue designada en 'comisión laboral' en 2018; es decir, que la principal acusada ya trabajaba antes de que Franco sea designado gerente de Entel. La Fiscalía reconoce que “la citada funcionaria fue la única persona a cargo de la emisión de los pagos de Telecom Bolivia SAC, operaciones financieras realizadas sin respaldo alguno”, señala la imputación.


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