Exalcaldesa Soledad Chapetón es aprehendida nuevamente por el caso de los buses Sariri

Poco después que los vecinos de El Alto exigieran el funcionamiento de los buses Sariri, la Fiscalía de esa ciudad citó a la exalcaldesa, Soledad Chapetón, para que declare por este bullado caso y dispuso su aprehensión, confirmó el abogado, Guido Calcina.

“Son dos delitos, daño económico al Estado e incumplimiento de deberes, pese al justificativo que ya presentaron los encausados. Vemos que existen por parte de la actual administración (del municipio) una persecución política porque ya existen procedimientos administrativos que se aplicaron”, explicó el abogado a la red Cadena A.

Es la tercera vez que aprehenden a la exalcaldesa en menos de un año. En septiembre de 2022 ya fue cautelada y recibió detención domiciliaria; poco después en octubre del mismo año, otro proceso provocó la aprehensión y la exalcaldesa acudió a su audiencia con su bebé lactante. La Justicia finalmente retrocedió en su decisión inicial.

El director jurídico del municipio, Isaac Mauricio Navarro, explicó que el caso se refiere a la compra del software para el funcionamiento de los buses. Esta flota de buses se llamó primero Sariri, en la gestión de Edgar Patana, que era la réplica de los PumaKatari de La Paz. Luego, Soledad Chapetón rebautizó el proyecto y se denominó, HuaynaBus.

Son 60 buses que estaban en funcionamiento cuando Eva Copa se hizo cargo del municipio, pero al poco tiempo fueron suspendidos sus servicios. Hoy la flota de buses está en un garaje y hace dos semanas, cuando se dispuso el incremento de pasajes en esa ciudad, los vecinos exigieron que los HuaynaBus salgan a brindar servicios solidarios a zonas alejadas.

“Es muy importante aclarar a la población que, debido a este proceso, actualmente los huaynabuses están precintados y no pueden entrar en movimiento, es muy importante aclarar a la población que la señora Carmen Soledad Chapetón, entre otros sindicados, ha estado obstaculizando periódica y sistemáticamente el proceso penal”, justificó el director jurídico del municipio.

Asimismo, detalló que son 10 personas las que están acusadas por este daño económico que alcanzaría a Bs 2,7 millones por al compra del software improvisado y por esa razón también se analiza la posibilidad de incluir a la empresa que vendió este programa al municipio.