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A través de la Resolución Ministerial 0205 del 22 de abril de este año, Edmundo Novillo, ministro de Defensa, resolvió designar a Óscar Coca Antezana (que fungía como coordinador de despacho del Ministerio de Defensa) como presidente del directorio de la Empresa Pública de Transporte Aéreo Militar (TAM).

Coca quedó encargado del estricto cumplimiento de la resolución, debiendo ejercer sus atribuciones conforme establece el Decreto Supremo 3025.

En diciembre de 2019 el Ministerio Público admitió una demanda contra Coca, otrora gerente de Entel, por el delito de uso indebido de influencias, entre otros tipos penales, referido a daño económico de Bs 1.700 millones de bolivianos que su administración habría generado en la empresa estatal.

También es preciso señalar que luego de dejar su cargo en Entel, Coca fue Ministro de Obras Públicas en el gobierno del expresidente Evo Morales, hasta los primeros días de noviembre de 2019.

Antes que el Ministerio Público admitiera una demanda contra Coca en 2019, el empresario francés David Cabessa lo denunció en 2016 por anular una licitación que su empresa había ganado para la provisión de módems a Entel, para favorecer a una empresa china.

Un año más tarde, el exdirigente sindical de Entel, Franz Siles, acusó a Coca de desatar una persecución y acoso laboral contra la dirigencia, después que se denunciara tráfico de influencias y ganancias ilícitas de funcionarios de la estatal.

La información de la Contraloría General del Estado indica que Coca presentó su declaración jurada de bienes y rentas como servidor público el 23 de diciembre, reportando 10.914,60 bolivianos en bienes (activos), 462.265,21 en deudas (pasivos) y cero en rentas.





Vida lujosa en EEUU

En julio del año pasado, trabajadores de Entel indicaron que Coca se encontraba en Estados Unidos “disfrutando” de los ingresos irregulares obtenidos como gerente de la empresa.

En aquella ocasión, los trabajadores pidieron al Ministerio Público, exija se lo declare rebelde y contumaz a la Ley y por ende se aplique el sello rojo para que la Interpol lo aprehenda y lo ponga a disposición de un juez del país.










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