Exigen auditar actuados de la Procuraduría por fracaso en 11 demandas
El Estado perdió más de $us 714 millones en los juicios internacionales. La oposición califica de ineficiente la gestión del procurador. Lo exhortan a renunciar
Los legisladores de oposición exigieron a la contralora interina, Nora Mamani, que inicie una auditoría jurídica a la Procuraduría General del Estado (PGE) para conocer quiénes asumieron la defensa de los 11 laudos arbitrales que resultaron desfavorables para el país. Además, que se establezca el monto gastado en los procesos y determine si hubo incumplimiento de deberes de los funcionarios.
“Una vez más la Procuraduría pierde un litigio internacional costándole al Estado $us 105 millones, es una tradición para el procurador hacer una pésima y negligente defensa del Estado. Hay una clara incompetencia e incumplimiento de deberes y daño económico. Ahora más que nunca se necesita una auditoría jurídica”, dijo el diputado Alejandro Reyes, de Comunidad Ciudadana (CC), a tiempo de conminar a la contralora a actuar de forma urgente.
Los reclamos a la gestión del procurador Wilfredo Chávez surgieron por el fallo adverso del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) que obliga a Bolivia pagar $us 105 millones al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) como indemnización e intereses por el proceso de nacionalización del sistema de pensiones que se inició en 2009.
Al menos 11 arbitrajes producto de la nacionalización de diferentes empresas, donde el Estado fracasó, le costaron al país cerca de $us 714 millones, según el informe de la Procuraduría, entregado a Marcelo Pedrazas, de CC.
Según cálculos del parlamentario que sigue el caso desde el 2021, solo desde la gestión de la Procuraduría el país pagó más de $us 609 millones, sin tomar en cuenta que entre 2006 hasta 2012, año en que se crea esa institución, se indemnizó a Entel, Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y otros.
“Si sumamos el total de pagos que vienen desde 2006, cuando estaba el Ministerio de la Defensa Legal del Estado, estamos hablando de más de $us 1.800 millones. El problema también nace porque la Procuraduría está a cargo de una persona que no asume una responsabilidad y se dedica a hacer política”, remarcó ayer.
De acuerdo al detalle de indemnizaciones desde 2012, proporcionado a EL DEBER, suman $us 714.172.535 que se reparten en: la Red Eléctrica Internacional SAU, con $us 65.268.000; Pan American Energy LLC, $us 357.023.360; Inversiones Econergy Bolivia SA (GDF Suez SA), $us 18.425.000, y Carlson Dividend Facility SA, $us 240.000.
Le siguen pagos a The Bolivian Generating Group LLC, $us 10.245.627; Iberdrola SA e Iberdrola Energía SAU, $us 34.175.648; Paz Holdings Ltd, $us 19.505.531; Rurelec PLC, $us 36.023.114; South American Silver Limited (SAS), $us 25.588.525; Quiborax SA y Non Metallic Minerals SA, $us 42.676.730 y BBVA SA, $us. 105.000.000.
De los 11 procesos, se muestra la pretensión de pago por cinco empresas, en las otras no se especificó monto. Asimismo, existe otro laudo contra Jindal Steel Bolivia SA, no existe monto pagado, pero sí hay abogados.
Pedraza pidió responder cuánto se pagó a los juristas o bufetes externos contratados por la PGE para asumir la defensa del Estado; sin embargo, invocaron el Decreto Supremo Nº 4447 del 23 de enero de 2021 que establece que los contratos suscritos son confidenciales.
Para los parlamentarios, esto representa la vulneración de los artículos 21 numeral 6; 123, 237 numeral II y 242 numeral 4 de la Constitución Política del Estado.
“Generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos los espacios de la gestión pública. La información solicitada por el control social no podrá denegarse, y será entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna”, dice el artículo 242 de la Carta Magna.
A la fecha, Wilfredo Chávez asumió dos procesos el caso de BBVA Previsión donde Bolivia perdió y de la empresa Jindal, de la cual no se sabe el estado actual.
Renuncia de Chávez
Tras la derrota de Bolivia surgieron críticas al trabajo del procurador. Lo tildaron de “ineficiente y negligente”. Además, cuestionaron que se ocupe de impulsar procesos políticos en lugar de asumir la defensa del Estado. La agrupación Creemos fue más contundente y exigió su renuncia.
“Son 11 juicios y los 11 perdidos. El procurador en lugar de estar contando actas del fraude electoral debería estar cuidando los intereses del Estado en estos juicios de conciliación y arbitraje. Por eso el procurador debe irse a su casa, su pega era defender los intereses del Estado y no contar actas”, reclamó el senador de Creemos Henry Montero.
El legislador dijo que el monto a pagar a BBVA saldrá de los aportantes a esa entidad y no del Tesoro General de la Nación.
En esa línea, el secretario general de la Confederación Nacional de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones, Rodolfo Ayala, anunció que los afiliados están en estado de emergencia porque hay dudas sobre si recibirán o no su jubilación.
“Se estaría yendo casi la mitad de lo que nosotros tenemos aportado. Son $us 220 millones que nosotros tenemos ahora depositados”, lamentó.
En 2009, el Gobierno decidió nacionalizar el sistema de pensiones, que entonces era manejado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Previsión y Futuro. Ambas AFP debían ser administradas por la Gestora; sin embargo, a la fecha no opera por problemas del sistema informático.
Por otro lado, el expresidente Carlos Mesa afirmó que Bolivia termina pagando más en arbitrajes internacionales “por ineptitud de procuradores masistas”, como ocurrió con Quiborax, donde se pagaron $us 42,6 millones a las empresas por revocatoria de concesiones mineras.
El diputado Juanito Angulo (MAS) pidió a la oposición no “politizar” el fallo del Ciadi y ratificó que el Estado tomará las acciones de defensa ante instancias internacionales, ya que no se tomaron en cuenta los argumentos y pruebas presentadas por el país.
El exdiputado Amílcar Barral dijo que cuando era autoridad advirtió al procurador de la época que no había una buena defensa. Ahora advirtió que se viene una nueva derrota con Glencore, donde el Estado deberá pagar $us 1.200 millones.
“Vamos a pagar más de $us 1.200 millones a la Glencore por la falsa nacionalización de Evo Morales”, afirmó Barral.
