El ex ministro de Defensa Luis Fernando López (2019-2020) de la gestión de Jeanine Áñez afirmó que el Gobierno de Rodrigo Paz cuenta con apoyo externo, respaldo militar y mejores condiciones operativas para restablecer la transitabilidad. Recordó que durante la crisis de 2019 las Fuerzas Armadas intervinieron después de que la Policía fuera rebasada.
El exministro destacó el respaldo internacional, político y militar que recibió el presidente Paz durante los 50 días de bloqueos y protestas que exigían su renuncia y contrastó esas condiciones con las que enfrentó el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
“Nosotros no teníamos el respaldo internacional que tiene el presidente Paz”, afirmó López en contacto con radio Panamericana al referirse al apoyo expresado por Estados Unidos y otros países de la región al Gobierno elegido en segunda vuelta y posesionado el 8 de noviembre de 2025 con el 55% de la preferencia electoral.
La declaración fue realizada después de que Paz dispusiera un estado de excepción por 90 días para recuperar la transitabilidad, garantizar el abastecimiento y habilitar la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía. La medida fue adoptada tras más de siete semanas de conflicto y posteriormente recibió el respaldo de la Asamblea Legislativa.
López sostuvo que el actual mandatario tiene a su favor el respaldo de las Fuerzas Armadas, una mayor cooperación regional y condiciones logísticas que permitirían resolver en un plazo breve los puntos de resistencia que todavía permanezcan activos.
“Hoy tiene el gran apoyo de las Fuerzas Armadas, está mirando a la derecha y tiene respaldos de países vecinos inmediatos. Entonces, la parte operativa y logística podría ser resuelta a la brevedad posible”, señaló.
Uno de los apoyos internacionales más explícitos provino de los países integrantes de Shield of the Americas (Escudo de las Américas), que expresaron su respaldo al gobierno democrático de Paz frente a los intentos de obligarlo a abandonar anticipadamente el poder. Estados Unidos también manifestó su apoyo a las acciones destinadas a preservar el orden democrático y restablecer la circulación en las carreteras.
Evolución del conflicto
El conflicto comenzó con demandas sectoriales. Los indígenas de tierras bajas exigieron la anulación de una norma sobre tierras y los maestros presentaron un pliego vinculado con salarios y educación. Aunque el Gobierno derogó la ley cuestionada y alcanzó acuerdos con algunos sectores, las movilizaciones se ampliaron y terminaron incorporando la exigencia de renuncia presidencial.
El 11 de mayo, la Central Obrera Boliviana, dirigentes campesinos paceños de la Federación Túpac Katari y el senador Nilton Condori suscribieron un pacto para mantener las medidas hasta conseguir la salida de Paz. Posteriormente, sectores movilizados reclamaron también la liberación de detenidos y rechazaron las políticas económicas del Ejecutivo.
Evo Morales sugirió la convocatoria a elecciones en un plazo de 90 días y afirmó que las demandas de sus seguidores solo podrían cumplirse cuando su movimiento recuperara el poder. Aunque negó dirigir los bloqueos, el expresidente mantuvo protagonismo desde el Trópico de Cochabamba, donde aún se concentran algunos de los núcleos más radicalizados de la protesta.
El Gobierno denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) un proceso de desestabilización y sostuvo que la exigencia de renuncia de un presidente constitucional constituía un intento de ruptura democrática. La comunidad internacional respaldó la continuidad institucional, aunque también pidió diálogo y respeto a los derechos humanos.
Para López, las Fuerzas Armadas están preparadas para intervenir dentro de las competencias previstas por la Constitución, las leyes y sus reglamentos operativos. Aclaró que su función inicial, bajo el estado de excepción, es apoyar a la Policía y no sustituirla.
“Las Fuerzas Armadas tienen reglamentos, tienen procedimientos. Por lo que veo en el decreto y en la ley, inicialmente estarían de apoyo a las fuerzas policiales”, afirmó.
El exministro marcó una diferencia con los acontecimientos de 2019. Explicó que, durante la administración de Áñez, los militares salieron a las calles después de que la Policía fuera superada por las movilizaciones posteriores a la renuncia de Morales.
“En nuestro caso, las Fuerzas Armadas tuvieron que actuar cuando la Policía fue rebasada en su capacidad. Esa es la diferencia con lo que está ocurriendo hoy”, manifestó. “Lo que están haciendo hoy es la limpieza de las carreteras”, apostilló.
Las operaciones de noviembre de 2019 derivaron en las muertes registradas en Sacaba y Senkata, calificadas como masacres por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes documentó graves violaciones de derechos humanos cometidas durante toda la crisis, además de hechos de violencia protagonizados por distintos actores antes y después de la renuncia de Morales.
Por esos acontecimientos fueron procesados la expresidenta Áñez, López y otras exautoridades. Los responsables de ataques, destrucción de infraestructura y otras acciones violentas atribuidas a sectores movilizados no enfrentaron, según cuestionamientos de la antigua administración, una respuesta judicial equivalente.
En la crisis actual, el Gobierno reivindicó durante semanas una estrategia de “diálogo y contención pacífica” destinada a evitar enfrentamientos directos y nuevas muertes por intervención de las fuerzas de seguridad. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, sostuvo que el estado de excepción fue adoptado como última opción, después de agotar negociaciones y medidas de distensión.
Escenario
Poco antes de la declaratoria, Paz ratificó la estructura del alto mando militar después del ascenso de nuevos generales y almirantes, una señal de continuidad y respaldo institucional en medio de la crisis.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó además que durante las administraciones del MAS los mandos policiales y otras decisiones estatales eran condicionados desde el Trópico de Cochabamba. “El centro político del país no era la plaza Murillo, era el Trópico”, declaró al plantear la recuperación de la institucionalidad.
“Si respondías a una organización, como las Bartolinas o el Trópico, eras comandante de una región”, complementó el ministro Oviedo este fin de semana en un programa de debate emitido a través de radio Panamericana.
Ahora bien, López consideró que la división de los sectores movilizados y el levantamiento de varios puntos de bloqueo redujeron la magnitud de la operación necesaria. Según su evaluación, más que un despliegue masivo, corresponde realizar una “limpieza de caminos” y mantener a las unidades militares en apronte.
“No se necesita colocar absolutamente a todas las Fuerzas Armadas en este empeño, aunque tiene que estar en apronte el cien por ciento”, afirmó.
El exministro aseguró que, pese a las limitaciones materiales acumuladas por ambas instituciones, policías y militares tienen capacidad para restablecer la paz, proteger la infraestructura estratégica y garantizar la libre circulación.
“Con lo poco que tienen, estarían en condiciones de generar la paz y la tranquilidad que necesita el pueblo”, concluyó.