Expertos aseguran que Áñez goza de fuero parlamentario y el juicio debe revertirse

Expertos, abogados y representantes de organismos internacionales coinciden en que la condena que recibió Jeanine Áñez a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes surgió de un juicio ordinario en el que se incumplió el debido proceso. Aseguran que la decisión es reversible, porque ella estaba protegida como expresidenta, pero también gozaba de inmunidad como exsenadora.

La condena tiene dos elementos fundamentales: Primero, que incumplió sus deberes como senadora, porque Áñez no se encontraba en la línea de sucesión constitucional, debido a que la entonces presidenta del Senado Adriana Salvatierra, y la segunda vicepresidenta de Diputados, Susana Rivero, ambas del oficialista MAS, no renunciaron formalmente a sus cargos, aunque sí lo hicieron a través de los medios de comunicación.

Según las versiones, descartaron asumir la Presidencia, en lugar del renunciante Evo Morales, porque temían por su seguridad, como lo expresaron durante las reuniones sostenidas los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2019 en los predios de la Universidad Católica Boliviana.

Evo Morales renunció al cargo el 10 de noviembre de 2019, durante una conferencia de prensa que ofreció desde el trópico de Cochabamba, acompañado por el entonces vicepresidente Álvaro García Linera, y de la ministra de Salud, Gabriela Montaño. En la ocasión, el segundo mandatario también presentó su dimisión. Fueron acusados de incurrir en un fraude electoral en los comicios generales de 2019, hecho que marcó el inicio de las protestas sociales en el país.

El resumen de los encuentros celebrados en la Universidad Católica para buscar la pacificación del país, que se encontraba convulsionado después de dos días de la renuncia de Morales, de García Linera y de los legisladores del MAS de la sucesión parlamentaria, fue publicado por la Iglesia católica en unas memorias que no fueron tomadas en cuenta por el juzgado primero de sentencia, como prueba de defensa.

En el segundo elemento fundamental de la condena se menciona que Áñez emitió resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes al “ordenar” la salida a las calles de las Fuerzas Armadas el lunes 11 de noviembre por la noche, y apoyar en una labor de patrullaje a la Policía, que fue rebasada en La Paz por grupos vandálicos. En la sede de Gobierno fueron incendiados decenas de buses de transporte público, además de la casa del exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín y de la periodista Casimira Lema. Las fuerzas del orden detectaron la presencia de francotiradores y de grupos armados en la zona del altiplano.

Sin embargo, seguía en funciones el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, quien admitió que permaneció en el cargo con la única misión de garantizar la salida del avión que llevaría a Morales a México. Zavaleta renunció la madrugada del 12 de noviembre, después de que se autorizó el viaje de la Fuerza Aérea Mexicana que trasladó a México al expresidente Morales, que renunció al cargo, acusado de incurrir en un fraude electoral en los comicios de octubre de 2019.

La defensa de Áñez, a través del abogado Alaín de Canedo, dijo que Salvatierra y Rivero incurrieron en incumplimiento de deberes por no asumir la Presidencia; además de Zavaleta, quien no se opuso a la orden del patrullaje nocturno emitida por Kaliman. Según los abogados, las declaraciones de exjefes militares señalan que el exministro abrazó al exjefe militar, lloró y le dijo que podría asumir la presidencia. Zavaleta negó la versión.

Juan del Granado, abogado y exalcalde de La Paz, señaló que Áñez debió ser procesada en un juicio de responsabilidades, por hechos anteriores y posteriores a su ascensión. “(El dictador Luis) García Meza protagonizó el alzamiento armado en Trinidad, asaltó la COB, hizo desaparecer dirigentes, entre ellos a Marcelo Quiroga Santa Cruz, el 17 de julio de 1980, antes de ser presidente. Se autoproclamó al día siguiente en el Estado Mayor. No podíamos enjuiciarlo por la vía ordinaria como comandante del Ejército, porque en esa calidad cometió los delitos”, aseveró.

Del Granado reiteró que “hubiera sido ridículo procesar al dictador como comandante, pero eso hicieron con Áñez, aunque gozaba de fuero parlamentario, como establece la Constitución Política del Estado.

El artículo 151 de la CPE señala: “Las asambleístas y los asambleístas gozarán de inviolabilidad personal durante el tiempo de su mandato y con posterioridad a éste, por las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación, información o fiscalización que formulen o realicen en el desempeño de sus funciones no podrán ser procesados penalmente”.

Para Del Granado, lo que hizo Áñez fue exhortar a las FFAA en un momento de convulsión social. Sin embargo, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que no se siguió la línea de sucesión que ordenó movimiento militar; además, Áñez, aun siendo senadora, fue recibida por un helicóptero que solo usa el presidente.

En criterio del abogado William Herrera, la sentencia es reversible. “Queda la vía de los recursos al Tribunal Departamental de La Paz, al Supremo en Sucre, y el Tribunal Constitucional. Hay recursos para apelar, pero esto es un juicio político”.

Internacionales

Las Naciones Unidas, a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Relator Especial por la Independencia de Jueces y Abogados; la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido observaron que este juicio no siguió el debido proceso.

El Alto Comisionado Para los Derechos Humanos observó seis procedimientos incorrectos: El tipo penal de incumplimiento de deberes es incompatible con el principio de legalidad, por ser excesivamente amplio y ambiguo.

El uso de la medida cautelar en el país es un desafío estructural. Jeanine Áñez estuvo detenida de manera preventiva cerca de 15 meses. Los principios de publicidad e inmediación con relación al contacto directo con el juez se vieron afectados, en particular la parte acusada. Además, hubo restricciones de acceso a la información. En el juicio, cuatro personas fueron declaradas en rebeldía y aunque tuvieron una defensa pública, enfrentaron dificultades para acceder información relevante.

La determinación del Tribunal para prescindir de los testigos afectó a todas las partes en sus derechos procesales. Y por último, la cantidad de partes acusadoras contra la sentenciada incidió en el desequilibrio procesal.

El relator Especial de Naciones Unidas por la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, mencionó en su informe final sobre el estado de la justicia en Bolivia, la injerencia del Ejecutivo en el proceso. Además, advirtió que sin importar las condiciones en las que Áñez había llegado a la Presidencia, le correspondía un juicio de responsabilidades.

Áñez enfrenta también el caso denominado Golpe I por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. La Unión Europea emitió un comunicado en el que se adscribió al informe del alto comisionado y sentenció que “el juicio no respetó plenamente los derechos al debido proceso de la señora Áñez”.

El gobierno del Reino Unido manifestó también: “Compartimos las preocupaciones procedimentales señaladas por la Oacnudh, las del Relator García-Sayán, sobre la posible intervención política en el proceso judicial”.

El informe sobre Derechos Humanos 2021, que emitió el Departamento de Estado de Estados Unidos a mediados de abril, antes de que se conozca la sentencia, observó que el gobierno boliviano “dirige el proceso judicial contra Añez y ejerce una presión tremenda contra jueces que abordaron este caso”. Es decir, injerencia, y no cumplimiento al debido proceso.

El eurodiputado español Víctor González Coello y su colega argentina Victoria Eugenia Villarroel, integrantes del Foro de Madrid, llegaron hasta el penal de Miraflores e intentaron visitar a la expresidenta Áñez, no pudieron hacerlo. “Venimos a defender y pedir la libertad de la presidente Jeanine (Áñez) que ha sido injustamente arrestada. Ella ha sido la garante de la defensa de la democracia ante un gobierno totalitario por parte de Evo Morales que no tuvo ni la valentía de quedarse”, dijo González.