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Ante la promulgación del Decreto Supremo (DS) 4291 de ascenso de los uniformados de las Fuerzas Armadas (FFAA), sin la intervención del Órgano Legislativo, un constitucionalista y un analista político afirman que la acción del Órgano Ejecutivo es constitucional. El Movimiento Al Socialismo (MAS), con mayoría parlamentaria, que por meses dilató ese trámite, condenó la medida a la que calificó de anticonstitucional.

“Ante incumplimiento de deberes, expresado en el quebrantamiento de su atribución por parte de la Cámara de Senadores, sobre el derecho de ascensos militares, y la flagrante violación de los derechos de ciudadanía y fundamentales de los miembros de las Fuerzas Armadas, el Órgano Ejecutivo asume los ascensos mediante Decreto Supremo en estricto cumplimiento de su atribución constitucional. El derecho fundamental de los militares y la jerarquía y funcionamiento de las FFAA, no pueden estar sometidas al arbitrio de los poderes políticos”, manifestó el abogado constitucionalista, José Luis Santistevan.

Explicó que, la Cámara de Senadores, al haber incumplido su atribución constitucional de ratificar los derechos fundamentales de ascensos militares, está desconociendo la estructura formal del Estado y consiguientemente, dejando sin mando orgánico a una institución medular reconocida por la Constitución.

Además, infirió que la Cámara Alta desconoció la estructura orgánica militar y con ello, iba a destruir la institucionalidad del Estado.

Un Estado sin generales en sus Fuerzas Armadas es un Estado sin jerarquía militar. La Cámara de Senadores, no solo cometió el delito de incumplimiento de deberes, si no, que desconoció la estructura orgánica de funcionamiento del Estado. Violentando el mandato de la soberanía del pueblo que aprobó la Constitución, mediante referéndum y le otorgó instituciones para que funcione el Estado”, especificó el abogado.

Recordó que la Carta Magna, en su artículo 172, le otorga atribuciones a la Presidenta del Estado para designar comandantes, y proponer a la asamblea los ascensos en resguardo de los derechos militares. Asimismo, la CPE establece como atribución de la Cámara de Senadores ratificar los ascensos de los derechos militares a generales.

Negación política

Por la misma línea, el analista político, Carlos Borth, dijo que más allá de la forma en que el Ejecutivo planteó el ascenso, a través de un decreto, el fondo del problema lo planteó el Senado negándose a ratificar la orden de ascensos que desde fines del año pasado está esperando la sanción legislativa.

“Esta negativa tiene una naturaleza absolutamente política, cálculos y evaluaciones internas del MAS. Sin embargo, genera una rigidez dentro de las FFAA que tenía que ser resuelta de alguna manera. Al negarse el Senado a ratificar la orden de destinos, lo que ocasionó fue taponear este sistema establecido en la ley de las FFAA y sus reglamentos internos. Como el Senado no entendió ninguna razón ni fue capaz de consensuar, ha ocasionado que la Presidenta lo haga por decreto”, analizó.

El decreto 4291

El artículo único del DS 4291, aprobado el 15 de julio, establece que, “en tanto la Cámara de Senadores de cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 8 del artículo 160 de la Constitución, se procede a la imposición de grados y entrega de Bastones de Mando, Sables y Espadas, al personal militar de las FFAA, aprobado por el Tribunal Superior de las FFAA”.

Justifica que, con esta acción, se garantizar la seguridad nacional e institucionalidad, el derecho a la carrera militar, la estabilidad de las instituciones democráticas del Estado y mantiene a las FFAA en el grado de eficiencia que requiere la defensa y los intereses confiados a su misión.

Ascenso anticonstitucional

El MAS ha condenado desde el principio, el ascenso establecido por decreto supremo. El primero en protestar, por las redes sociales, fue el expresidente del Estado, Evo Morales.

“El ascenso anticonstitucional de militares, justo a ocho meses de la masacre de Sacaba (Cochabamba) del 15 de noviembre de 2019, muestra que el Gobierno de facto no solo deja en la impunidad ese hecho, sino que también lo premia”, manifestó la exautoridad.

Más adelante, apuntó sobre el “atropello” perpetrado por el Gobierno, al aprobar ascensos en las FFAA, sin la ratificación de la Asamblea Legislativa. “Es una prueba más de su participación en el golpe y de su nulo compromiso con la democracia”, acotó.

Venganza

Ante la afirmación de Morales, el analista Carlos Borth, dedujo que el congelamiento de los ascensos es una vendetta del propio masismo contra los militares.

“La declaración de Evo Morales en realidad, destapa que la negativa del Senado es una venganza si fuera evidente lo que dice Morales. Es decir, que habría bloqueado los ascensos, por venganza, lo que es simplemente absurdo”, declaró a EL DEBER.

Usurpación

El Senado, con mayoría masista, también condenó al Ejecutivo. La presidenta del Senado, Eva Copa, señaló en un medio radial, que el ascenso militar por decreto viola la CPE y se constituye en una usurpación de funciones por parte del Ejecutivo.

Por su parte, la Bancada Nacional del MAS-IPSP de la Cámara de Diputados, publicó su condena a través de un tuit, por ser ilegal e inconstitucional, además de evidenciar “el carácter golpista del Gobierno transitorio de Jeanine Añez”.

“El ascenso de militares por decreto, viola la CPE que establece que la Cámara Alta, debe ratificar los ascensos militares. Quienes autorizaron el mismo deberán responder a la justicia y al pueblo boliviano”, expresó.

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