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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), inició este lunes su labor para investigar las muertes registradas en el país durante los hechos de violencia de 2019.

La comitiva, compuesta por cinco peritos de Argentina, Brasil, Colombia e Inglaterra, firmó esta mañana un protocolo en Cancillería con autoridades del Gobierno nacional, para validar la labor que desarrollarán en los próximos seis meses.

Ellos indagarán los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, durante el conflicto electoral que derivó en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia.

La comisión está compuesta por Julián Burger, Magdalena Correa, Juan Méndez, Patricia Tappatá Valdez y Marlon Weichert. Asimismo, Jaime Vidal que funge como Secretario Ejecutivo del GIEI-Bolivia.

La firma del convenio:


Los expertos elaborarán planes de investigación de los actos de violencia cometidos contra personas, organizaciones y autoridades en el curso de las tensiones sociopolíticas, protestas y movilizaciones sociales. Harán un análisis técnico de las líneas de investigación desarrolladas; elevarán recomendaciones; propondrán la adopción de medidas para garantizar la seguridad de quienes participen en las investigaciones y realizarán un análisis técnico con recomendaciones para un plan de atención y reparación integral a las víctimas de los hechos investigados.

Tras la crisis política y social generada en 2019 en el país, más de 30 personas perdieron la vida y cientos resultaron heridas y detenidas, sobre todo en Sacaba y Senkata, puntos de tensión donde hubo fallecidos por disparos de armas de fuego.

“El GIEI-Bolivia cuenta con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables de violaciones de los derechos humanos”, destaca un boletín de la CIDH.

A la par, desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Iván Lima, que en su momento anticipó la solicitud de informes a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas (FFAA), comprometió toda la predisposición para esclarecer los sucesos, afirmando que los expertos realizarán su labor de forma independiente.

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