Exviceministro Wilson Santamaría se presenta a declarar por el caso respiradores
La exautoridad es acusada de uso indebido de influencias en la compra de 170 respiradores españoles en la gestión de Jeanine Áñez.
El exviceministro de Seguridad Ciudadana Wilson Santamaría, se presentó de manera voluntaria este lunes en la Fiscalía de La Paz para responder ante la justicia por el supuesto delito de uso indebido de influencias en el caso de la compra irregular de 170 respiradores españoles, durante el Gobierno de Jeanine Áñez.
La exautoridad fue citada por el fiscal Omar Mejillones, que investiga el caso. Santamaría es involucrado por haber recibido los respiradores en Santa Cruz de la Sierra.
“Hay un informe de auditoría forense donde se establece que él (Santamaría) tendría cierto grado de responsabilidad al haber recepcionado los respiradores en la ciudad de Santa Cruz”, afirmó Mejillones.
Este bullado caso de corrupción fue ampliado en marzo pasado por la comisión de fiscales a otras cinco personas. Además de Santamaría, también se investiga a Hernán Avelino Pereira, exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem); Rosemary Jacinta Ajpi Calle, exfuncionaria; Juan Carlos Cardona, exjefe financiero de la Aisem; y Fernando José Arias, exadministrador regional Santa Cruz de la Central de Abastecimiento y Suministro de Salud del Ministerio de Salud (Ceass).
Este caso se remonta al 2020 cuando se destapó la compra de los equipos con supuesto sobreprecio y que, además, costó la destitución del exministro de Salud, Marcelo Navaja y de otras altas autoridades dependientes de esta cartera de Estado.
La investigación apunta, según señaló la Fiscalía de La Paz, a que la adquisición irregular provocó un daño económico al Estado de más de $us 3 millones.
Se compraron respiradores a un costo de $us 27.683 la unidad, cuando la empresa GPA Innova dijo que comercializa cada equipo en $us 6.561, en su versión básica, y entre $us 9.000 y 10.000, en su versión avanzada. En ninguno de los tres precios se acerca el monto pagado por el Gobierno de Bolivia en mayo del año pasado.
Otro escándalo que también desató la compra de los respiradores, fue la inutilización en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), porque no eran adecuados (tenían poca presión) para asistir a enfermos en estado crítico.
Las autoridades sanitarias los descartaron porque indicaron que era solo para unidades ambulatorias o de terapia intermedia.
