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El Gobierno permitirá la presentación de constancias físicas o de manera digital de los resultados de las pruebas de detección de Covid-19, para simplificar los trámites de atención médica y el procedimiento para otorgar el certificado de incapacidad temporal y altas médicas por coronavirus.

El trámite ágil instaurado a través del Decreto Supremo (DS) 4295 fue publicado este lunes y lo deberá aplicar el personal de entidades públicas y privadas por parte de los entes gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo.

Certificado de incapacidad

En ese sentido, el DS 4295 dice que, “para otorgar el certificado de incapacidad temporal, el personal de entidades públicas o privadas presentará, por medio físico o digital a la entidad correspondiente, la constancia del resultado positivo de la prueba PCR o prueba rápida de detección del coronavirus”.

Las pruebas se podrán realizar en laboratorios de referencia o en un establecimiento privado autorizado por cada Servicio Departamental de Salud (Sedes), así como de un establecimiento de salud de la Seguridad Social de Corto Plazo (caja de salud).

Con la presentación de la constancia, el área encargada de recursos humanos de la entidad pública o privada remitirá a la respectiva caja de salud, por medio físico o digital, la solicitud de certificado de incapacidad temporal por coronavirus correspondiente.

Estos entes gestores, con la sola presentación de la solicitud de certificado de incapacidad temporal por coronavirus, otorgarán inmediatamente el certificado de incapacidad temporal por coronavirus correspondiente, por un periodo de 14 días calendario, computables a partir de la emisión del resultado positivo de la prueba viral de detección del coronavirus y remitirán digitalmente la constancia de la misma a la entidad pública o privada respectiva.

De ser necesaria una nueva ampliación del certificado de incapacidad temporal por coronavirus, el personal de una entidad pública o privada deberá solicitar al establecimiento de salud de la Seguridad Social de Corto Plazo una nueva prueba viral de detección del coronavirus y, de ser positivo el resultado, otorgará inmediatamente la baja médica y remitirá digitalmente la constancia de la misma a la entidad pública o privada respectiva, para este caso no serán admisibles las pruebas en establecimientos privados.

Alta médica

Dentro del procedimiento para la otorgación de alta médica, derivada del contagio del coronavirus al personal de entidades públicas y privadas por parte de Entes Gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo, el DS 4295 instaura que, el personal de entidades públicas o privadas presentará por medio físico o digital a la entidad correspondiente, la constancia del resultado negativo de la prueba PCR o prueba rápida de detección del coronavirus.

De la misma forma que con el certificado de incapacidad, estas pruebas se podrán obtener de laboratorios de referencia o en un establecimiento privado autorizado por los Sedes o de un establecimiento de salud de la Seguridad Social de Corto Plazo.

En caso de que la prueba se realice en un establecimiento privado, el área encargada de recursos humanos de la entidad pública o privada remitirá al Ente Gestor de la Seguridad Social de Corto Plazo, por medio físico o digital, la solicitud de alta médica correspondiente, misma que deberá ser aprobada de manera inmediata y remitida a la entidad pública o privada solicitante.

En caso de que la prueba se realice en un establecimiento de salud de la Seguridad Social de Corto Plazo, éste otorgará de manera inmediata el alta médica correspondiente y remitirá a la entidad pública o privada respectiva, por medio físico o digital, la constancia de la misma.

Boletas de pago

De manera excepcional, el decreto también dispone que, para la atención médica del personal de entidades públicas y privadas en los entes gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo, el requisito de presentación de la boleta de pago o acreditación correspondiente pueda ser cumplido con carácter posterior de manera física o digital.

No se podrá negar, bajo ningún concepto, dicha atención en resguardo al derecho a la vida”, añade.

Los documentos tendrán la calidad de declaración jurada, cuya falsedad estará sujeta a sanción conforme al Código Penal Boliviano, dice la normativa.