La familia del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pedirá una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el propósito de presentar las evidencias sobre vulneraciones al debido proceso que derivaron en su detención, calificada de ilegal.

Desde el MAS defienden “la legalidad” de esas acciones, mientras que organizaciones afines se mantienen “en emergencia” con medidas de presión para que la justicia condene al gobernador a 30 años de cárcel. Ayer hubo otra protesta en Chonchocoro.

La diputada Tatiana Áñez (Creemos) cuestionó que el oficialismo presione a la justicia desde las calles y reveló que se iniciaron esas gestiones con la CIDH. Explicó que legisladores de su partido también esperan ser escuchados por los comisionados de la entidad adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA). 

“La familia hizo la solicitud para mostrar la forma en la que han ocurrido los hechos. El país entero conoce la forma en la que fue trasladado el gobernador; las irregularidades que existieron”, anunció la diputada Áñez. Anticipó que “si es necesario” pueden viajar hasta la sede de la CIDH en Washington y que se acudirá a otros organismos. “Vamos llevar las denuncias hasta el nivel internacional”, puntualizó.

El 28 de diciembre, agentes encapuchados de la Policía detuvieron a Luis Fernando Camacho tras un operativo violento porque hubo golpes y disparos. El gobernador fue trasladado desde Santa Cruz a La Paz en un helicóptero  militar SuperPuma vía Chimoré. 

El diputado Oscar Michel (Creemos) pidió un informe detallado de las armas y el personal que participó en el operativo. La solicitud fue planteada al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien tiene 10 días para responder. 

Camacho fue acusado de “terrorismo” contra la investidura de Evo Morales en el contexto de la crisis de 2019. El expresidente ni Álvaro García Linera, quien fue vicepresidente y que aparece como víctima en la denuncia, declararon por este caso en la Fiscalía.

Eso sí, el juez anticorrupción Sergio Pacheco ordenó hace 20 días que Camacho permanezca detenido preventivamente por cuatro meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. La defensa presentó un recurso para que sea liberado, precisamente, por la forma en que fue detenido y la ausencia de fundamentos que justifiquen los riesgos procesales, explicó su abogado, Martín Camacho. La audiencia se realizará hoy, a las 8:30, y será virtual.

“Si en realidad se respeta la independencia judicial y se rigen con los principios que rigen al derecho penal, la resolución del juez Pacheco debería ser revocada en su totalidad”, afirmó el abogado.

Por su lado, el Gobierno anunció que el 23 de enero llegará al país una misión de la CIDH con el propósito de evaluar el cumplimiento de las recomendaciones que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre las “graves violaciones a los derechos humanos” que se cometieron en el contexto de la crisis de 2019, cuando Evo Morales renunció a la Presidencia tras ser acusado de fraude por la misión de observación electoral de la OEA.

 Morales se postuló ese año para un cuarto mandato consecutivo, a pesar del resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 que rechazó ajustar la Constitución. El expresidente reclamó sus derechos políticos, pero en 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) aclaró en un fallo que “la reelección indefinida no es un derecho”.

En su informe, el GIEI tomó como referencia ese contexto y presentó el resultado de las investigaciones sobre las circunstancias en las que se produjeron los 37 fallecidos, 20 de ellos en sendas “masacres” ocurridas en Sacaba y Senkata. Por eso, recomendó activar acciones legales.

Camacho no fue acusado por estos delitos, pero ayer un grupo de campesinos llegó a Chonchocoro para exigir “la pena máxima” en su contra.

“Vamos a hacer una vigilia para decir que estamos en estado de emergencia para que se castiguen a los culpables de las masacres de Sacaba y Senkata”, dijo Richard Vallejos, ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba.

“No solamente el señor Camacho, hay muchas personas más que están tras de él, Rómulo Calvo (presidente del Comité pro Santa Cruz), Carlos Mesa y muchos más. Tienen que pagar por las injusticias que han cometido en contra de nuestros hermanos campesinos”, señaló el dirigente, quien advirtió que no permitirán que Camacho sea liberado.

En La Paz, el portavoz del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, informó que la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, concedió una audiencia virtual para el 3 de febrero. “No solo el Conade, son 23 organizaciones que presentaremos un informe escrito. Nos organizaremos de tal manera para que ella escuche a las víctimas y vamos a adjuntar pruebas”, remarcó el activista. 

Señaló que hay personas de la crisis de 2019 que no han sido atendidas por el Estado y que “hay organizaciones paraestatales que están generando violencia”.

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