En opinión de los simpatizantes del MAS, la responsabilidad de la violencia en el departamento cruceño es de Camacho y Calvo. Anuncian que enviarán gente para "reforzar el cerco"

31 de octubre de 2022, 18:09 PM
31 de octubre de 2022, 18:09 PM

El estado de excepción, o como se conocía antes, estado de sitio, es el pedido que realizan la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico Cochabambino y la organización de interculturales de San Julián (Santa Cruz).

De acuerdo con estos grupos afines al Gobierno y al MAS, los enfrentamientos son “organizados” por el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y por el presidente cívico, Rómulo Calvo.


“Ante el caos que se vive en Santa Cruz -porque este paro es criminal, es violento, día a día están en enfrentamientos-, ante esta situación se sugiere un estado de sitio como dictan las normas, leyes y nuestra Constitución Política del Estado”, manifestó el dirigente Dieter Mendoza.

A su juicio, es una “equivocación” el trato del Gobierno hacia Santa Cruz, referido a la búsqueda del diálogo. Afirma que la fecha del censo debió resolverse en el encuentro del 28 de octubre, realizado en Cochabamba. El censo “no es de una ciudad, de todo el país”, indicó.


“Ante tantos abusos, agresiones, humillaciones, pedir al Gobierno nacional declarar estado de excepción solo en la ciudad de Santa Cruz”, indicó uno de los dirigentes de los interculturales de San Julián, quien argumentó que el paro de Santa Cruz, en demanda del censo en 2023, coarta sus derechos al trabajo, a la educación y a la libre circulación; además de que los perjudica económicamente.

Apoyo de los movimientos afines al Gobierno

Pese a la tensión y a los enfrentamientos que se viven en el departamento cruceño, este lunes los grupos simpatizantes del partido de Gobierno, a través de sus representantes, emitieron declaraciones y discursos que incitan a más violencia. Arguyeron que en Santa Cruz se busca “desestabilizar” al Gobierno.

“En Santa Cruz ya no hay democracia, aquí hay solamente sometimiento, aprehensión y bala; y eso no lo podemos permitir”, señaló Hernán Aguirre, representante de los interculturales de La Paz, que anunció que, de ser necesario, enviarán a 2 mil personas para “fortalecer el cerco” al departamento cruceño.


Aguirre condenó la violencia sucedida en Santa Cruz, en enfrentamientos entre quienes apoyan al paro y quienes lo rechazan, y culpó al Comité Cívico de estos.

Sin embargo, indicó a DTV: “Aténganse a las consecuencias, a la decisión que va a verter la Federación de Interculturales de La Paz”

También los Ponchos Rojos habían manifestado su decisión de enviar gente para apoyar el cerco a Santa Cruz, además de exigir la renuncia de Camacho.

Por su lado, la Federación de Cooperativas Mineras de La Paz también se pronunció a favor del Gobierno y rechazó supuestos intentos de desestabilización de los que responsabilizó al gobernador cruceño.

Juan Carlos Poma, su dirigente, ofreció al “ejército de guardatojos” para “garantizar la estabilidad gubernamental”. Asimismo se declaró en emergencia y señaló que, de ser necesario, tomarían medidas de hecho para cumplir el objetivo de “preservar la estabilidad” del Gobierno.