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Lucy Cruz Villca fue designada por Evo Morales como vocal electoral en julio de 2015. El lunes, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) ratificó que la exautoridad, ahora detenida preventivamente, fue quien ordenó la caída del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en las elecciones del año pasado. Hoy continuará la inspección técnica ocular en el caso fraude electoral.

“Se ha podido establecer quién y a qué hora ha dado la orden para el aislamiento de los datos del sistema de comunicación para el TREP. Se ha identificado a la exvocal Lucy Cruz como la que habría dado la orden correspondiente”, reveló ayer el jefe de la división Anticorrupción de la Felcc, Luis Fernando Guarachi.

Lucy Cruz Villca nació en la ciudad de Oruro. Fue designada en julio de 2015 por Evo Morales como la representante presidencial en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), cargo similar al de Salvador Romero, que fue nombrado por la mandataria Jeanine Áñez.

Cruz Villca es abogada, pero no ejerció su profesión en Oruro, aunque en su hoja de vida aseguró que fue asesora legal de la empresa minera Huanuni entre 2007 y 2010. Luego también señaló que fue asesora en la dirección Administrativa Financiera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro entre 2012 y 2014. En 2015 fue elegida como presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro.

Warner Cruz es hermano de Lucy Cruz. Él fue director nacional de operaciones y mantenimiento de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la gestión 2015. El exfuncionario tenía como una de sus responsabilidades el control de las instalaciones de redes de gas en el departamento de La Paz y fue denunciado por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, sustracción de energía, incumplimiento de deberes, peculado y conducta antieconómica.

Lucy Cruz fue una de los cuatro vocales que votaron en sala plena del TSE para que Evo Morales y Álvaro García Linera sean habilitados para una cuarta repostulación consecutiva. Esa medida fue respaldada también por los exvocales Idelfonso Mamani, Lidia Iriarte y María Eugenia Choque, que era presidenta del TSE.

El lunes se realizó la inspección técnica ocular que realiza el Ministerio Público, la Felcc y los involucrados en las irregularidades que existieron en los comicios generales de octubre de 2019, anulados por fraude. La acción se desarrolló en ambientes del Servicio de Registro Cívico (Sereci) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Hoy continuará el proceso en instalaciones de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) y del hotel donde se instaló el cómputo oficial de los comicios del año pasado.

El ente electoral presentó una querella e identificó a los presuntos autores del fraude que benefició al MAS en las elecciones de 2019. El proceso fue iniciado por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documentos, uso de instrumento falsificado, manipulación informática, alteración y ocultación de resultados, que están previstos en la Ley de Régimen Electoral.

Luego, el TSE incluyó las figuras penales de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito, además que exigió la investigación de fortunas de los implicados.

Los seis vocales del TSE que ocupaban funciones cuando se detectó el fraude fueron detenidos preventivamente. Aparte de Cruz, Iriarte, Mamani y Choque también fueron apresados Antonio Costas y Édgar Gonzales. Choque, Costas e Iriarte lograron detención domiciliaria. Los demás siguen en diferentes centros penitenciarios de La Paz.

Vinculan a Cruz

Choque, en su declaración ante la Fiscalía, reveló que era prisionera de presiones y ante los fiscales mencionó tres nombres de personas que estuvieron vinculados a la manipulación del sistema TREP, informó su abogado, Jhonny Castelú. El jurista no brindó nombres de los supuestos implicados.

Además de la declaración de la Felcc, existe otra que vincula a Lucy Cruz como la persona que ordenó la detención del sistema TREP la noche del 20 de octubre de 2019. Marcel Guzmán de Rojas, gerente general de Neotec, empresa encargada del software del cómputo electoral de los comicios del año pasado, acusó a Cruz de ser la responsable de la pausa del sistema del conteo rápido de votos.

Guzmán de Rojas reveló que recibió instrucciones de Cruz de interrumpir los resultados preliminares tras un cambio de tendencia que indicaba que se estaba consolidando la segunda vuelta entre Carlos Mesa, candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), y Evo Morales del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Esa información fue proporcionada por el fiscal Ronald Chávez, que estaba a cargo de la investigación el año pasado.

En la inspección ocular estuvieron presentes más de 30 involucrados en el caso fraude electoral, entre ellos los seis exvocales detenidos.

Cruz, entre sus acciones en el TSE, fue quien impulsó la anulación de una encuesta realizada el año pasado por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

“La encuesta de la UMSA no es válida considerando estos aspectos técnicos. Por lo tanto, el Tribunal Supremo Electoral procederá conforme establece la normativa respecto a las sanciones”, afirmó Cruz un mes antes de las elecciones general de la pasada gestión.

La inspección técnica ocular inició en instalaciones de la Felcc de La Paz. Ahí se encontraron los involucrados y se volvieron a ver los seis exvocales. Ninguno dio declaraciones en ese instante. Al salir del edificio, Choque dijo algo breve y ratificó su inocencia. Luego se trasladaron al Sereci y de ahí a sus exoficinas: al TSE.

Inspección ocular

El director departamental de la Procuraduría General del Estado, Fabio Joffré, declaró que “las investigaciones se realizarán en cada una de las instituciones” en las que se ejecutaron los comicios presidenciales. La autoridad acompaña el procedimiento. Joffré acotó que esta etapa es “clave” dentro de la investigación, ya que se pueden determinar o reconfirmar hechos según las declaraciones de los acusados.

Mientras, el abogado de Idelfonso Mamani, René Villarroel, informó a este medio que solamente se realizó una inspección técnica ocular y no una reconstrucción de los hechos, debido a que faltaban “sujetos procesales”, como Marcelo Guzmán de Rojas y Álvaro Andrade, quien es gerente de la empresa Ethical Hacking, firma que se encargó de realizar la auditoría al proceso electoral del año pasado.

“Estas personas son la clave de la investigación para esclarecer este supuesto hecho delictivo. Estas empresas Neotec y Ethical Hacking son clave en la investigación. Entonces, estamos hablando solamente de una inspección ocular, la reconstrucción de los hechos será convocada por el fiscal y todavía no hay fecha para ese procedimiento”, dijo Villarroel.

Otra exvocal que la vinculan con el MAS es Lidia Iriarte. Ella es abogada y ejerció funciones en el trópico de Cochabamba, bastión político del partido de Evo Morales. La exautoridad logró detención domiciliaria y llegó en la última fase de la exdirectiva del TSE. La exvocal fue la última en presentarse a declarar a la Fiscalía cuando era buscada por la Policía. Su entorno decía que estaba en Chapare e incluso su abogado afirmó que Iriarte no dejó su domicilio en la zona cocalera.

Sobre Gonzales se sabe poco. Es abogado y radicaba en Cochabamba. También fue elegido por la Asamblea Legislativa Plurinacional en la última del anterior TSE, cuando renunció la vocal Dunia Sandoval.

Mamani fue acusado de ser militante del MAS en Potosí. El exvocal lo negó, aunque se lo vio en fotografías pintando paredes a favor del MAS en la Villa Imperial. Su abogado, René Villarroel, afirmó que su defendido no fue parte de las instrucciones para paralizar el sistema TREP.

Mientras, Antonio Costas renunció dos días después de las elecciones del 20 de octubre del año pasado. La exautoridad, que fue vicepresidente del TSE, había revelado que él no fue parte de una reunión de vocales con Guzmán de Rojas la noche del 20 de octubre de 2019. El exvocal dijo que fue en ese momento cuando se decidió parar el TREP.

Por su parte, Choque, que era la presidenta del TSE el año pasado, tuvo un recorrido por varias ONG que buscaban la igualdad de género. Ahora, la exautoridad logró detención domiciliaria.

El Gobierno denunció que los fiscales a cargo de este caso, Luis Fernando Atanasio y Rocío Feraudi, intentaron paralizar el proceso de investigación con la intención de realizar otro peritaje.

“Lo que nos informaron es que estos fiscales (Atanasio y Feraudi) estarían obstaculizando las investigaciones. Estos fiscales están intentando realizar otro peritaje respecto a la auditoría para dilatar el proceso penal”, denunció el viceministro de Gestión Gubernamental, Israel Alanoca.

La Organización de Estados Americanos (OEA) realizó una auditoría al proceso electoral del año pasado y determinó que hubo fraude en los resultados.