Feminicida impune destapa red criminal en la justicia para liberar criminales

En 2015 fue sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por un delito de feminicidio, pero Richard Choque fue beneficiado con un arresto domiciliario a finales de 2019 gracias a una resolución “express” del juzgado primero de sentencia de La Paz.

Esta irregularidad cobró notoriedad pública tras la detención del “reo liberado”. A pesar de su situación legal, Choque volvió a las calles sin ningún control. Extorsionó, violó y asesinó a dos jovencitas — Iris (17) y Lucy (15)— aunque la Policía cree que pueden haber más víctimas. Además, se contabilizó 77 mujeres a quienes abusó sexualmente.

El juez responsable de esa “liberación”, Rafael Alcón, ayer fue enviado a prisión por seis meses, pues debe responder por los delitos de prevaricato y desaparición de documentos oficiales. Además, hay evidencias del “descontrol” por parte del Consejo de la Magistratura y de la existencia una red criminal que fue formada por jueces y funcionarios judiciales.

Por eso, la Fiscalía también extendió la pesquisa al juzgado de El Alto y evaluará los reportes de control disciplinario que debía desarrollar la Magistratura. Hasta hace julio de 2021 esta entidad estuvo presidida por Gonzalo Alcón, hermano del juez que fue enviado al penal de  San Pedro de La Paz.

El ministro de Justicia, Iván Lima, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, además de exfuncionarios de ese órgano del Estado advirtieron de más irregularidades.

Lima detalló, por ejemplo, que la solicitud para que Choque recuperase su libertad comenzó el 24 de diciembre de 2019. El 27 de ese mes ya gozaba de la detención domiciliaria por un lapso de 18 meses. Fue un trámite “express” que, además, se cumplió durante la vacación judicial de fin de año.

A esto se suma que el expediente original de la causa, con la condena de 30 años (2015) por el feminicidio de una muchacha que tenía 20 años, desapareció.

“Él (Alcón) no podía haberle otorgado 18 meses de detención domiciliaria porque no había ninguna norma que le autorice a salir de la cárcel. Se argumentó que padecía de una situación de enfermedad terminal, pero ninguna enfermedad era terminal. Lo más grave es que desde el 24 de diciembre el pedido es respondido en sólo en tres días y este es un trámite dura más de un mes”, puntualizó el ministro Iván Lima.

De este modo, anticipó una causa penal contra la “organización criminal” que pudo operar junto con el juez Rafael Alcón y que benefició al feminicida y probablemente a otros delincuentes.

Lima consideró que fue “protegido” por el exconsejero de la Magistratura Gonzalo Alcón, destituido en julio de 2021por irregularidades en sus funciones.

A partir de este caso, la Fiscalía indaga si Alcón actuó de forma irregular en otros procesos similares, debido a que durante la vacación judicial varios expedientes de otros procesos llegaron a su juzgado, siguiendo el mismo mecanismo que adoptó la red delictiva que fue denunciada.

“Estamos conmocionados, preocupados y hasta hastiados por lo que está aconteciendo en el Órgano Judicial, por la conducta de algunos operadores de justicia”, afirmó el presidente del TSJ, quien se presentó el viernes ante la Fiscalía de La Paz para denunciar a Alcón de “prevaricato, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes”, delitos que son sancionados con hasta 15 años de cárcel. 

Torres afirmó que promoverá acciones para prevenir estos delitos y desarticular a la presunta organización ilegal. “Operador de justicia, juez, que actúe en contra de la Constitución, las normas y de manera abierta favoreciendo a los delincuentes, debe ir a la cárcel juntamente con los delincuentes”, advirtió el alto magistrado.

Sobre la base de los indicios que incriminan al juez y otros operadores, el Ministerio Público convocó a varios funcionarios para que ayuden a esclarecer este caso. Dos exservidoras del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz informaron a la Fiscalía que hay al menos 10 personas condenadas por asesinato, feminicidio y narcotráfico que salieron libres.

La activista María Galindo, fundadora de Mujeres Creando, anunció que existen “decenas de casos” de jueces “que liberaron a feminicidas”, cuya evidencia presentará en el curso de las próximas horas. Cuestionó a las autoridades por no aplicar medidas de protección en favor de las mujeres  y anunció que este lunes será parte de una marcha de protesta”.

“Estamos recopilando decenas de casos similares en todo el país, en los que feminicidas con sentencia han sido beneficiados con libertad, donde violadores con sentencia han sido beneficiados con detención domiciliaria”,  puntualizó la activista, quien cuestionó a la Policía por no atender oportunamente las denuncias de mujeres desaparecidas.

En su defensa, Alcón afirmó que se basó en la Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión que establece que  “los condenados que padezcan de una enfermedad incurable, en periodo terminal, cumplirán el resto de la condena en detención domiciliaria”.  No obstante, la resolución con la que Choque fue liberado señala “asma, diabetes y gastritis”.

“El juez (Alcón) tramitó este caso en una vacación judicial. El juez que tramitaba la causa estaba en El Alto, un día antes de Navidad, sin notificar a las partes.  En tres días es imposible que se hubiera dado la decisión, no sabemos si la decisión fue notificada a la Fiscalía”, afirmó Lima.

El presidente Luis Arce exigió sanciones. “Un administrador de justicia que favorece con la libertad a una persona con semejantes antecedentes criminales  atenta contra el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”,  afirmó. “Repudiamos y condenamos la decisión del juez que liberó al feminicida y violador sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto y que luego de ser liberado siguió cometiendo crímenes atroces contra mujeres. Exigimos una sanción ejemplar con todo el peso de la ley”, remarcó el presidente Arce.

En Sucre, al inaugurar el año judicial, el jefe de Estado fijó como meta la reforma de la justicia y cuestionó que el 49% de los jueces sean interinos. “El modelo de gestión judicial obsoleto es discriminador, insensible y excluyente; privilegia a pocos y perjudica a la mayoría”, remarcó el 3 de enero en la Casa de la Libertad, donde se realizó ese evento.

Ante este escenario, el Gobierno proyecta una cumbre judicial para  dentro de unos 40 días. La iniciativa no ha generado adhesiones ante la gravedad de la crisis institucional del sistema. 

El nuevo presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, afirmó que el sistema disciplinario no es eficiente y que presentará un diagnóstico sobre este tema en la cumbre judicial.

En el informe mundial de 2021 que presentó Human Right Watch (HRW) se establece que cerca del 90% de los fiscales son interinos, lo que dificulta la independencia de la justicia y afecta a la población más vulnerable del país.

“Además del problema de la independencia judicial, nos preocupa que las mujeres y niñas continúen expuestas a un alto riesgo de violencia. Se ve con claridad en el dato de 108 feminicidios contabilizados por  la Fiscalía en 2021 y en los numerosos casos de abuso sexual contra niñas que luego ven su derecho al aborto legal obstaculizado, sufriendo estigma, maltratos y revictimización”, señaló César Muñoz, investigador sénior del departamento de América Latina de la HRW.

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé afirmó que “ni las cumbres o asistencia foránea coyuntural probaron ser útiles” para sacar al sistema judicial de la crisis en la que se encuentra y así pidió consenso político sobre la base de una reflexión plural y participativa para resolver el problema de esta institución.

En Bolivia, la designación de los altos magistrados, incluyendo a los de la Magistratura, se hace por voto a partir de una selección que hace la Asamblea Legislativa. Colectivos de juristas piden cambiar esta elección a través de un  ajuste a la Constitución.