Fiscal General solicita la extradición inmediata de Maximiliano Dávila a EEUU

El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, solicitó mediante escrito proceder a la extradición inmediata a Estados Unidos del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felc), coronel Maximiliano Dávila, que permanece recluido desde 2022 con detención preventiva en la cárcel de San Pedro, de La Paz, acusado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

La solicitud se fundamenta por el requerimiento en 2020 que es “promovido por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en el marco del Caso N° S9 19 Cr.91 (DLC)” que acusa a Dávila, conocido como 'Macho' en la gestión del expresidente Evo Morales en 2019, por los delitos de tráfico ilícito de drogas y delitos relacionados con arma de fuego. 

A través de dos notas verbales que fueron enviadas en 2022 y 2023, la Embajada de Estados Unidos solicitó a Bolivia la Detención Preventiva con propósitos de Extradición de Maximiliano Dávila Pérez. 

De acuerdo al documento que tuvo acceso EL DEBER, el Fiscal General envió la misiva de solicitud de extradición al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Jaimes, instancia que deberá proseguir con el curso legal para viabilizar la extradición del exjefe antidroga.

Según la fundamentación del Ministerio Público, la solicitud de extradición de EEUU invoca el “Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República de Bolivia (Hoy Estado Plurinacional) y el Gobierno de los Estados Unidos de América”. También sostiene que se cumple que, para la procedencia de la extradición, es imprescindible que el hecho que motiva la solicitud sea considerado como delito tanto en la legislación del Estado Requirente como en la del Estado Requerido.

La Fiscalía General argumenta que el requerido (Maximiliano) ha sido procesado por delitos de Asociación delictuosa para importar a los Estados Unidos cinco kilogramos o más de mezclas y sustancias que contienen una gran cantidad detectable de cocaína; y fabricar, poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de mezclas y sustancias que contengan una cantidad detectable de cocaína.

Mariaca pidió al presidente del TSJ que tome en cuenta el análisis de la preponderancia de los delitos que el requerido habría infringido, toda vez que el estado Requirente (EEUU), en la complementación realizada en fecha 13 de enero de 2023 incorpora la invocación a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), ello en virtud, conforme lo descrito por las autoridades de los Estados Unidos de América, que se tendría abundante prueba aportada contra el exjefe antidroga.

“Entre julio y noviembre de 2019, una fuente confidencial (CS-1) trabajando en representación de las autoridades estadounidenses encargadas de la aplicación de la ley participó en una serie de reuniones y llamadas telefónicas que fueron grabadas legalmente, con DÁVILA PÉREZ, proveedores de grandes cantidades de cocaína que operan laboratorios de cocaína en Bolivia, y con otros. Durante las reuniones, los proveedores bolivianos de cocaína acordaron entregar más de mil kilogramos de cocaína a CS-1, quien luego cargaría la cocaína en un avión en el Departamento del Beni en Bolivia, bajo la protección de agentes del orden armados de Dávila Pérez”, indica parte de la fundamentación, que tuvo acceso esta casa periodística, el cual se refiere a la acusación formal presentada por Estados Unidos.

Ayer (miércoles), Manolo Rojas, abogado de Dávila, insistió que su defendido no fue notificado con la solicitud de extradición de EEUU, y que la investigación está siendo manejado como un tema de Estado. 

"No hay ningún recurso, estamos a la espera de que se emita el auto de Buen Supremo cesando la detención preventiva con fines de extradición", indicó. 

Corre plazo

En octubre, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reportó que Estados Unidos hizo conocer la solicitud formal de extradición de Dávila y fue derivada en ese momento al magistrado relator, quien tendría en sus manos la preparación del proyecto de resolución para poner en consideración de Sala Plena.

Marco Jaimes dijo que el requerimiento formal llegó al TSJ a finales de septiembre de 2024 y desde entonces se abrió el plazo de 60 días para que el magistrado relator remita su informe a la Sala Plena. Hasta la fecha, dicha instancia no se pronunció al respecto.

Antecedentes

A principios de agosto, la Cancillería envió al TSJ las notas verbales enviadas por EEUU en el que solicitaba la extradición del exjefe director de la Felcn.

El 14 de agosto, la instancia judicial dispuso la detención preventiva con fines de extradición de Dávila y a partir de ahí es que el juez instructor de Sucre debió notificar a los Tribunales Departamentales de Justicia como al acusado, a fin de acumular todos los pedidos que hubiera en el país de enjuiciamiento contra Dávila.