El profesor Corchado entregó su pericia a la fiscal que archivó el caso Neurona en abril de este año

11 de agosto de 2021, 19:05 PM
11 de agosto de 2021, 19:05 PM

A través de una nota de prensa, la Fiscalía General del Estado matizó las correcciones que pidió a la pericia que realizó el consultor español Juan Manuel Corchado y calificó las mismas de “complementaciones” del documento.


Las declaraciones corresponden al jefe de comunicación de la Fiscalía General del Estado, José Luis Tarquino, quien dijo que el dato de las siete versiones distintas “es totalmente falso, porque lo que se pidió fue complementaciones de información como cualquier trabajo de consultoría, producto que se realizó de forma honesta y transparente desde la Comisión de Profesionales y Científicos de la Universidad de Salamanca”, señala la nota de prensa.


El periódico español Ok Diario publicó una nota este miércoles en la que afirman que el autor de la pericia fue asesor durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en ese reporte indica que el documento entregado al Ministerio Publico boliviano tuvo siete correcciones y que se pidió confidencialidad del trabajo.


En la nota de prensa de la Fiscalía aseguran que Corchado envió una carta al periódico español para que se retracte de los datos de esa nota porque él nunca fue asesor de ningún político y que sus trabajos fueron en pujas abiertas de distintas modalidades.


La Fiscalía también aclaró que no existe confidencialidad alguna porque la pericia española fue distribuida y entregada a las 17 partes que forman parte del proceso de investigación, "por lo que se da cumplimiento a la legislación boliviana y el debido proceso".


El catedrático español desde su residencia aclaró también que el monto que pagó la Fiscalía boliviana fue abonado a la fundación de la Universidad de Salamanca y no lo benefició personalmente.


Cuando Corchado y los dos universitarios acabaron el polémico informe, la persona que lo recibió fue la fiscal Rocío Feraudi. Casualmente, se trata de la fiscal que archivó la investigación de los pagos de 1,6 millones de dólares a la consultora Neurona durante el gobierno de Evo Morales. Unos pagos que afectaban de lleno a la cúpula española del partido de Pablo Iglesias y a Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos (partido político español de izquierda).