La Fiscalía Departamental de La Paz abrió 120 procesos penales por los hechos que tuvieron lugar durante los 50 días de protestas. Cinco de esas causas están destinadas a esclarecer la muerte de personas que, según los antecedentes investigados, fallecieron por hechos violentos o porque los cortes de ruta impidieron su traslado oportuno a centros médicos.
El fiscal departamental Luis Tórrez informó que las investigaciones fueron iniciadas entre el 13 de mayo y el 20 de junio. De las 120 causas, 17 fueron abiertas de oficio. Como resultado de las primeras actuaciones, el Ministerio Público contabiliza 323 procesados.
Los delitos investigados incluyen homicidio culposo, terrorismo, destrucción o deterioro de bienes del Estado, instigación pública a delinquir, ultraje a símbolos nacionales, atentados contra el presidente, tenencia ilegal de armas, legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictiva y lesiones graves y leves.
El reporte fiscal señala que inicialmente fueron arrestadas 154 personas y otras 157 quedaron aprehendidas. De ese total, 22 recibieron detención preventiva mientras continúan las investigaciones. Entre las cinco muertes investigadas figura la de Anna Emms, ciudadana de Belice de 56 años, quien falleció el 13 de mayo. Según los antecedentes, no pudo llegar desde Desaguadero hasta La Paz para recibir atención médica debido a los bloqueos.
También se encuentran los casos de Jhelly Villanueva, de 40 años, fallecida en Guanay, y Ana Gabriela Mayta Laruta, de 20, quien murió en El Alto. En ambos hechos se investiga si los cortes de ruta impidieron el paso de ambulancias y demoraron la asistencia médica. Otra de las investigaciones corresponde a la muerte de Víctor Cruz Mamani, de 24 años, ocurrida el 23 de mayo. El joven, padre de dos hijos, murió por un impacto de arma de fuego en las vértebras, a la altura del cuello.
La Fiscalía también abrió causas por agresiones contra trabajadores de la prensa y mantiene al menos tres investigaciones sobre un posible financiamiento ilegal de las movilizaciones. En una de ellas fueron secuestrados Bs 4 millones que estaban en poder de una persona que no pudo justificar el origen del dinero. En total se interceptaron algo más de Bs 10 millones durante esos operativos.
Las pesquisas alcanzan además a los dirigentes Mario Argollo, de la Central Obrera Boliviana, y Vicente Salazar, de la Federación Túpac Katari, denunciados por terrorismo por el Ministerio de Gobierno. Torrez aclaró que la investigación continúa, aunque las órdenes de aprehensión libradas contra ambos fueron dejadas sin efecto por decisión judicial.
En el mismo proceso fue denunciado el senador de Alianza Unidad Nilton Condori, señalado por haber firmado un acuerdo con la COB y los Ponchos Rojos para promover la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Las cifras de la Fiscalía corresponden principalmente a La Paz. En el ámbito nacional, la Defensoría del Pueblo consolidó 365 personas arrestadas, 10 fallecidos y 37 heridos en su Segundo Reporte Preliminar, difundido el 6 y 7 de junio y referido a los hechos entre el 1 de mayo y el 2 de junio.
Un reporte defensorial anterior, presentado el 26 y 27 de mayo y referido al periodo comprendido entre el 1 y el 24 de mayo, detalló la situación jurídica de los detenidos: 221 liberados, 89 imputados, 12 con detención preventiva, 19 con detención domiciliaria, cinco con medidas sustitutivas y 10 sentenciados a tres años mediante procedimientos abreviados.
La Defensoría informó que realizó verificaciones en celdas policiales, hospitales y puntos de conflicto, intervino en la apertura de corredores humanitarios y efectuó seguimiento al debido proceso y a los grupos vulnerables. A escala nacional, distintas fuentes estiman que más de 20 personas murieron por efectos directos o indirectos de los bloqueos. A ello se suman pérdidas millonarias, cierre de empresas y despidos reportados por los sectores productivos.
La Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un pronunciamiento de respaldo al gobierno y rechazó al bloqueo absoluto como mecanismo de protesta protegido.
Gobernación de Santa Cruz niega pacto para liberar detenidos
La Gobernación de Santa Cruz negó que el acuerdo que permitió levantar el bloqueo de San Julián incluya la liberación de los detenidos por los enfrentamientos del 6 de junio. Su portavoz, Rolando Schrupp, afirmó que el gobernador Juan Pablo Velasco no tiene atribuciones judiciales y que su intervención se limita a realizar gestiones ante la Fiscalía y facilitar el diálogo.
“Los gobernadores no son carceleros, fiscales ni jueces”, sostuvo. El conflicto duró 38 días y afectó la ruta hacia Beni. Durante el intento de desbloqueo, seis policías resultaron heridos, dos por impactos de arma de fuego. Cinco personas fueron procesadas: tres quedaron libres y dos recibieron detención preventiva. Schrupp también rechazó que se hubieran negociado tierras y defendió la pacificación mediante el diálogo.