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La Fiscalía de La Paz determinó aceptar la denuncia penal en contra del ministro de Educación Adrián Quelca y su excolaborador, Agustín Tarifa Camacho, quien fungía como director general de Educación Superior. La denuncia había sido presentada por la viceministra de Educación Superior, Aurea Balderrama. El principal acusado desapareció y borró sus cuentas


“Por procedimiento, la viceministra prestará su declaración ampliatoria donde ella va a ratificar su denuncia y añadirá si tiene algún elemento que se puede adicionar y que no haya estado en su denuncia original o que sea de reciente obtención”, dijo su abogado Abel Loma, luego de confirmar que el Ministerio Público les notificó con el inicio de investigación.


El 26 de julio la viceministra Balderrama presentó una querella en contra del ministro Quelca por dos delitos: uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, por la presunta designación irregular de cargos directivos en los institutos técnicos en una aparente manipulación y favorecimiento a algunos candidatos.


El abogado relató que existen audios, videos y capturas de pantalla de conversaciones entre Agustín Tarifa y el ministro de Educación, quien abogó por la designación del hijo de su director jurídico para que sea director de un instituto técnico en La Paz. Hoy este candidato accedió a ese cargo en ese proceso de selección.


“Esta denuncia se conoció y el ministro no hizo nada, peor la Unidad de Transparencia. La Viceministra, para evitar responsabilidades, porque esta dirección está a cargo de su viceministerio, colecta esta información y presenta la denuncia”, señaló el abogado.


En una conferencia de prensa, el ministro Quelca, desmintió las acusaciones en su contra, aunque no presentó las pruebas. Mencionó que se intenta perjudicar su gestión y reivindicó su militancia en el MAS como principal atributo. El miércoles contraatacó y presentó una denuncia contra su viceministra y la Fiscalía debe pronunciarse sobre ese memorial.


El abogado dijo que extrañamente, el director general de Educación Superior, Agustín Tarifa, fue desvinculado del Ministerio y se desconoce su paradero, incluso borró todas sus cuentas en redes sociales y Quelca ignoró las preguntas del por qué destituyó a este funcionario.


Los acusadores ahora piden que al menos 20 personas sean investigadas en relación a este caso y se prepara una petición de pericia a los teléfonos celulares de los involucrados, además de pedir la cooperación de las empresas que prestan servicios telefónicos y revisen las líneas de este caso que se desató por conversaciones y diálogos en WhatsApp.  



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