Pese a las impugnaciones presentadas por las partes querellantes del caso ‘coimas en la ABC’, la Fiscalía de Sucre confirmó el sobreseimiento dictado contra la docena de implicados en este caso y dictó el archivo definitivo de la causa, pese a las imputaciones presentadas por las partes acusadoras.

“Por los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, el suscrito Fiscal Departamental de Chuquisaca, con la facultad conferida por el Art. 324, párrafo 3 del Código de Procedimiento Penal, ratifica el sobreseimiento, emitido por el Fiscal de Materia (…), disponiendo la conclusión del proceso, debiendo procederse a la cesación de toda medida cautelar dispuesta en su contra, así como la cancelación de sus antecedentes penales respecto a lo presente causa”, señala la parte resolutiva de la decisión fiscal.

En septiembre de 2022, el diputado Héctor Arce (MAS-ala radical) presentó una denuncia púbica contra los ejecutivos de la ABC por pactar una coima de Bs 18 millones con la empresa china Harbour a cambio de adjudicarle la construcción de la Doble Vía Sucre-Yamparáez, que es un proyecto de Bs 456 millones.

El 22 de mayo de este año, la comisión de fiscales decidió cerrar el caso porque no encontraron mayores elementos para ir a un juicio, encontraron el dinero en un depósito y liberaron a los acusados. El diputado Arce fue uno de los primeros en reaccionar e impugnó esta decisión.

Los ministerios de Justicia y Obras Públicas objetaron también la primera decisión fiscal, en el primer caso, su representante, Noel García Mollinedo, presentó el memorial que indica que no se tomaron en cuenta todas las pruebas presentadas y que las mismas fueron obtenidas de forma lícita y que el hecho existió. 

Grover Bautista Suxo, a nombre del Ministerio de Obras Públicas, solo objetó el sobreseimiento de una de las involucradas, María Galleguillos Arce, y solicitaron que como hay una involucrada, se debería seguir con la investigación.

No obstante, el 30 de junio de este año, la Fiscalía departamental de Chuquisaca hizo conocer su decisión y cerró el caso definitivamente, lo que implica que ninguno de los 12 acusados será procesado.

Los acusados por este caso eran: Cristian Mendieta Cardera, acusado por cohecho pasivo y uso indebido de influencias; Juan Carlos Hidalgo Chura, por cohecho pasivo, incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles, uso de instrumento falsificado y uso indebido de influencias; Zhengyuan Jin, por cohecho activo, contratos lesivos al Estado y enriquecimiento ilicito de particulares con afectación al Estado.

Los acusados: Javier López Quespi, Said Martínez Carballo, Cosme Agostopa Chaparro, Deymer Quispe Valencia y Carlos Rafael Chipana Vargas, fueron señalados por los delitos de negociaciones incompatibles, uso de instrumento falsificado, cohecho pasivo, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes; mientras que Jesús Aguilar Suxo, por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado; William Ramiro Mamani Loza, por cohecho pasivo y uso indebido de influencias; María Isabel Galleguillos Arce, por falsedad ideológica; y Hernán Palacios Márquez, por negociaciones incompatibles, uso de instrumento falsificado, cohecho pasivo, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, también se beneficiaron.