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El fiscal departamental de La Paz, Marco Cossío, afirmó este viernes que la alerta migratoria que se activó contra los ministros de Gobierno y Defensa, Arturo Murillo y Fernando López, es para garantizar que se sometan al proceso por el presunto sobreprecio en la compra de armamento no letal para las FFAA y la Policía.

La disposición contempla a ambas autoridades y a otras dos personas, quienes deben permanecer en territorio nacional mientras se desarrollan las investigaciones por la adquisición de gases lacrimógenos.

“Para que se sometan al proceso de investigación, tienen que estar dentro del país, por eso se pide que se active la alerta migratoria. Son los dos ministros y otras personas que han participado en la compra”, explicó el fiscal.

Detalló que la alerta consiste en que, si alguno de esos personeros intenta salir del país por algún paso fronterizo legal, Migración avisará al Ministerio Público para que sean remitidos a dependencias de la Fiscalía.

“Nosotros entendemos que siguen en Bolivia y vamos a continuar con las investigaciones. Se ha hablado de montos de dinero que debemos verificar”, agregó Cossío, a tiempo de ratificar que seguirán con la indagación del caso.

En la víspera, el fiscal anticorrupción Luis Fernando Atanacio emitió un requerimiento de alerta migratoria para impedir la salida del país de Murillo y de López por el caso de la compra de armamento no letal, que fue dotado a la Policía y a las Fuerzas Armadas, durante el conflicto de noviembre del año pasado.