Fiscalía dice que Zhengyuan ‘lavó’ el dinero de la supuesta coima a la ABC y lo recaptura

La Fiscalía de La Paz halló los tres cheques con los que supuestamente la empresa China Harbour Engineering Company (Chec) pagó Bs 9.393.000, es decir, la mitad del soborno pactado en Bs 18,6 millones por la construcción de la vía Sucre-Yamparáez. Estableció que el gerente de la empresa china Jin Zhengyuan pagó a una empresa unipersonal para ‘lavar’ ese dinero y por eso fue detenido al salir de la cárcel de San Roque y trasladado a La Paz.

Ayer por la tarde, por separado, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, y el Ministro de Justicia, Iván Lima, revelaron una asociación delictuosa entre Zhengyuan y Jesús Esteban Aguilar Suxo, propietario de la empresa unipersonal del mismo nombre. Esta persona fue aprehendida la noche del miércoles por el Ministerio Público en La Paz y ayer fue enviado por un juez a la cárcel de San Pedro con detención preventiva.

La Fiscalía Departamental de La Paz presentó denuncia por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, documento al que EL DEBER tuvo acceso en el Ministerio Público, en contra de Jesús Esteban Aguilar. En este caso, el proceso fue abierto en La Paz, no en Sucre, y ya no por el diputado Héctor Arce, sino por el Ministerio de Justicia, a través de la Viceministra de Transparencia institucional y lucha contra la corrupción, Susana Ríos Laguna.

El Ministerio Público investiga la denuncia en contra del presidente de la ABC, Henry Nina y casi una docena de funcionarios por un soborno de Bs 18,6 millones. Según la indagación, ese monto representa el 4% del costo total de la obra que casi alcanza los Bs 500 millones. Según lo indagado por la Fiscalía, Zhengyuan entregó con la adjudicación el 2%, la mitad de lo comprometido.

En esta nueva denuncia, se establece que las sumas de dinero facturadas por la empresa unipersonal de Aguilar Suxo están relacionadas con empresas chinas: CCCC Second Highway Engineering Co LTD. (Sucursal Bolivia) y justamente la empresa Chec, cuyo representante legal es Jin Zhengyuan, “quien es investigado junto con otros servidores públicos de la ABC por presuntos hechos de corrupción referido a la licitación de la carretera Sucre-Yamparáez”.

En el detalle señala que la empresa unipersonal factura, el 26 de febrero, la suma de Bs 9.393.000 por concepto de alquiler de maquinaria y equipo a favor del sindicado Jesús Esteban Aguilar Suxo.

“Esta empresa china, el 4 de marzo de 2022, emitió tres cheques a favor de Aguilar Suxo por la misma suma. Los cheques números 1069, 1068 y 1067, transacción por “pago de cheque del Banco Bisa”. Cada uno de ellos por la suma de Bs 3.132.000, lo que hace un total de los Bs 9.396.000. La acusación establece como fuente la “entidad financiera banco Bisa”.

En su declaración, leída por el ministro Lima en su conferencia de prensa, Aguilar Suxo señaló que “el señor Jin Zhenyung me llamó en el mes de febrero de 2022 indicándome que le habían dado mi número y me indicó si le podía hacer una factura por el monto de Bs 9.396.000, según ese detalle la preparo. Luego me indicó que en días siguientes me iba a contactar. Es así que se hace efectivo en fecha 4 de marzo de 2022. Me llama el señor Zhengyuan, me dice que debíamos cobrar los cheques. Cuando nos encontramos en el Banco Bisa de El Prado me entrega los cheques, porque estaban a nombre de su empresa”.

Lima recalcó que no tuvo nada que ver con alquiler de maquinaria, elemento que le permitió cobrar ese monto, “el representante legal de Chec compró la factura, eso es lo que ha ocurrido. Cuando se le preguntó a Aguilar Suxo cuánto fue su comisión, éste respondió que de Bs 422.820. Ha reconocido ya que vendiò la factura para sacar el dinero”.

El fiscal Alave, por su parte, manifestó que esta investigación ha demostrado la forma en que el empresario chino ha “lavado el dinero” para la supuesta coima.

Ambas autoridades admitieron que hay un eslabón pendiente. Luego de que el ciudadano chino salió del banco con el dinero en efectivo ¿qué hizo con él?

El documento califica como “suma exorbitante de dinero que fue retirada en efectivo de la entidad financiera banco Bisa, desconociéndose a la fecha el destino de la misma, considerando además que estos montos de dinero, como se indicó antes, habrían sido producto de supuestos actos o hechos de corrupción en la licitación de la vía, resultando ser víctima la ABC y por ende el Estado por el gran daño económico causado al mismo”.

La acusación explica también que otro aspecto que llama la atención “es que, cuando se retiró el dinero realizó su declaración jurada, en sentido de que los mismos serían destinados al pago de gastos operativos, sueldos, impuestos y pago de combustible, extremos que son desvirtuados por lo referido líneas arriba. Es decir, durante este último año, el ahora denunciado no pagó sus impuestos y conforme a documentación adjunta se advierte que no cuenta con vehículos a su nombre, según el RUAT”.

El contador involucrado se compró un vehículo cero kilómetros con lo percibido, según el fiscal Alave, que apuntó también que Zhengyuan, cuando se allanó su domicilio, tenía ya un pasaje aéreo de retorno a su país para esta semana, pese a que solamente había logrado salir de la cárcel, pero continuaba con detención domiciliaria.

La Fiscalía hizo averiguaciones. “De acuerdo con el reporte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos del 1 de enero de 2022 al 13 de septiembre de 2022 en NIT correspondiente a la empresa solo reportó Bs 181 por la compra de combustible. Consecuentemente, si una de las finalidades del cobro de los cheques era precisamente la compra de combustible y pago de impuestos, en los hechos los mismos no fueron cumplidos, extremos que son claramente verificados por los reportes descritos”.

La denuncia subraya que “estas observaciones con relevancia penal, traen a colación las siguientes interrogantes: ¿Dónde fueron a parar estos dineros?, ¿cuál fue la verdadera finalidad del retiro de la suma de Bs 14.074.412,80?, siendo la respuesta inmediata que el sindicado habría ocultado el origen ilícito de los recursos provenientes de la transferencia de hechos o actos de corrupción vinculados a las ya tantas veces mencionada ‘licitación pública de la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez”.

La acusación presentada por Héctor Arce establece coincidentemente que el viernes 4 de marzo de 2022, una vez realizado el pago del anticipo de la ABC a la empresa Chec, Jin Zhengyuan procedió a cumplir con el pago inicial del 2% acordado.

Por ello, el documento establece que Henry Nina cometió varios delitos: cohecho pasivo propio y uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Nina, el presidente de la ABC, presentó en una conferencia de prensa pasajes aéreos y otros descargos que establecen que ese día, viernes 4 de marzo, él no se encontraba en La Paz, sino en Cobija finiquitando precisamente un contrato con otra empresa china. Sin embargo, fuentes judiciales señalaron que ese hecho no lo exime de culpa.

Su NIT no estaba vigente

La relación del caso señala que Jesús Esteban Aguilar Suxo, propietario de la empresa unipersonal del mismo nombre, tiene como actividad principal la “consultoría contable administrativa, servicio de transporte, consultoría en ingeniería, construcción y mantenimiento de edificaciones y venta de maquinaria de construcción”. Indica que “tiene un capital registrado en la ex Fundempresa (ahora Secprec) de Bs 10.470.

Como “precedente agravante del delito de legitimación de ganancias ilícitas en el que habría incurrido Aguilar Suxo”, en la acusación “se encuentra una nota del Servicio de Impuestos Nacionales de 6 de septiembre de 2022, refrendada por el presidente de esa entidad, Mario Cazón, que señala que ‘se informa que el contribuyente mencionado (Aguilar Suxo) se encuentra en estado inactivo desde el 31 de diciembre de 2021’”.

Es decir que este “contribuyente” no se encontraba habilitado para emitir factura alguna, menos realizar trabajo o actividad económica lícita sin que previamente cumpla con sus deberes tributarios conforme a lo que establece el artículo 68 de la Resolución Normativa del directorio, que señala que “los sujetos pasivos del IVA, en caso de suspensión temporal y definitiva de la actividad económica, tienen la obligación de inactivar el NIT” y mientras el NIT esté inactivo “no podrán realizar actividad gravada”.

La acusación establece que entre el 25 de febrero y el 11 de julio de 2022, cuando su NIT estaba inactivo, el sindicado emitió facturas por un total de Bs 14.074.212,80, “desconociéndose a la fecha el destino y el uso de los mismos, toda vez que la empresa unipersonal cuenta con un capital que no supera los Bs 10.470 resultando inaudito que una empresa realice operaciones financieras de millones de bolivianos, con un capital ínfimo”.