(VEA EL VIDEO) El grupo de directores solicitó un informe al fiscal departamental cruceño y determinará si existen responsabilidades por supuestas irregularidades

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3 de diciembre de 2021, 11:30 AM
3 de diciembre de 2021, 11:30 AM

La Fiscalía General del Estado determinó enviar una comisión especial a Santa Cruz para que recabe información sobre el caso de los 800 ítems fantasmas denunciados, ante versiones de supuestas irregularidades que involucran a las anteriores autoridades municipales de la Alcaldía cruceña.

El secretario del Ministerio Público, Edwin Quispe, informó este viernes que un fiscal superior, el director de gestión fiscal y el director de la Fiscalía especializada en delitos de corrupción, llegarán a Santa Cruz para determinar si existe alguna responsabilidad del grupo de investigadores que atendía la causa.

“El fiscal general dispuso que en este caso de los 800 ítems fantasmas se conforme una comisión especial para identificar las irregularidades denunciadas y analizar las acusaciones que surgieron a través de los medios de comunicación”, afirmó Quispe en conferencia de prensa.

En mayo pasado, la Fiscalía de Santa Cruz rechazó una denuncia planteada por el alcalde Jhonny Fernández sobre presuntas irregularidades en contratos de personal y ahora se cambió al investigador asignado al caso.

La conferencia:


Quispe indicó que se solicitó un informe a la Fiscalía cruceña, debido a que existen quejas sobre el incumplimiento en los plazos establecidos, algún accionar que favoreciera a los denunciados y que personal del Ministerio Público estuviera involucrado en supuestas irregularidades.

“Del caso se conoce que existió una denuncia por presunta existencia de 800 ítems fantasmas, el caso está en etapa preliminar, la comisión verificará e identificará si se cumplieron los parámetros que establece el Código de Procedimiento Penal, para establecer las responsabilidades que corresponden”, remarcó.

En las últimas horas, la directora municipal de Transparencia, Adriana Pedraza, informó que se hará una auditoría interna más amplia para "recabar datos y evidencias que fortalezcan la tarea del Ministerio Público". Inicialmente se presumía la existencia de 2.000 ítems defectuosos y más de 500 contratos irregulares.