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La Fiscalía General del Estado solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la instauración de tres juicios de responsabilidades en contra de la expresidenta, Jeanine Áñez, por la firma de tres decretos en los que también figura su Gabinete de ministros. El ente judicial debe pedir el permiso a la Asamblea Plurinacional y llevar adelante el proceso.


“La Fiscal o el Fiscal General del Estado, en base a la proposición recibida y con los antecedentes que pudiera acumular, en el plazo máximo de 30 días hábiles, deberá formular el requerimiento acusatorio”, señala el inciso 14 de la Ley 044 de juzgamiento a altas autoridades del Estado.


Tres de los cuatro requerimientos fueron presentados ante el TSJ cuando faltaban dos días para que se cumpla el plazo otorgado por la Ley. El 15 de marzo de 2020 fueron presentadas cuatro proposiciones acusatorias en contra de la exmandataria. El 23 de marzo la Fiscalía admitió esas demandas. El 4 de mayo se cumplía el plazo de 30 días hábiles, pero el Ministerio Público pidió una prórroga de 20 días que se cumplirían el 1 de junio.


Los casos


La unidad de comunicación de la Fiscalía General hizo conocer que el Ministerio de Justicia presentó cuatro requerimientos, pero se concluyó el trámite de tres: La primera es por la aprobación del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) que no habría tenido la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se refiere al decreto 4277.


El segundo caso se refiere al decreto 4200 por vulnerar la libertad de expresión durante la pandemia del Covid–19. El inciso II del artículo 13 de ese decreto penalizaba a los que desinformen sobre la pandemia.


“Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”, señala ese punto.


El tercer juicio admitido está relacionado con la concesión del servicio de Registro Público y Comercio a Fundempresa, se trata del decreto 4356, de octubre de 2020 que también lleva la firma de la expresidenta y de su gabinete. Esta norma fue abrogada con otro decreto el 4407 del gobierno de Luis Arce.


“La cuarta proposición acusatoria fue rechazada por la falta de mayores elementos de justificación. Ésta se refiere a que Janine Añez, en su condición de Presidenta, habría emitido órdenes para que policías, militares y personal de la dirección de Migración del Estado Plurinacional de Bolivia no permitan el paso de compatriotas de Chile a Bolivia durante la pandemia por el Covid-19”, señala la unidad de comunicación del Ministerio Público.


Procedimiento


El procedimiento constitucional indica que la Fiscalía General del Estado solicita el enjuiciamiento de las altas autoridades al TSJ; este ente convoca a su sala plena para consultar la petición del Ministerio Público. Una vez aprobada la solicitud, los magistrados deben pedir permiso a la Asamblea para llevar adelante el juicio de privilegio.


La Asamblea recibe la petición y las comisiones de Justicia Plural del Senado y Diputados sesionan para revisar los documentos de la Fiscalía; la llevan a plenaria de la Asamblea. Reunidos senadores y diputados, en sesión conjunta, deben aprobar el juicio por dos tercios de los miembros presentes. El expediente vuelve a Sucre y el juicio se lleva adelante en el Tribunal Supremo de Justicia.  




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