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Son 20 personas involucradas en la investigación por la compra de gases lacrimógenos y armamento no letal en la gestión de Arturo Murillo como ministro de Gobierno. La Fiscalía General anunció que inició un proceso legal contra los exministros Murillo y Fernando López (Defensa), acusados de dos delitos en Bolivia. Así, el Ministerio Público solicitó la activación del sello azul para que las exautoridades sean extraditadas al país.  

"Dando cuenta de que existe, preliminarmente, una cantidad de 1,3 millones de dólares ilícitamente obtenidos y sacados del erario nacional, se ha dispuesto el inicio de investigaciones en contra de Arturo Murillo por la presunta comisión de delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito. (También) se continuará este proceso en contra del exministro (Fernando López)", afirmó el secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe.

Mientras, el fiscal general, Juan Lanchipa, informó que existen 20 personas involucradas en el país por el caso gases lacrimógenos y reprochó que en tres oportunidades se negara la activación del sello azul para extraditar a Murillo y a López. La autoridad, además, detalló que existen cinco aprehendidos en este proceso.

"Tenemos 20 personas investigadas y cinco aprehendidas. Se ha llevado a cabo una serie de actuaciones procesales, entre ellas allanamientos, y se ha logrado secuestrar documentación que se está trabajando", remarcó Lanchipa a los medios de comunicación en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Lanchipa resaltó que en tres ocasiones se pidió la activación del sello azul para Murillo y López pero fueron negadas por la Interpol por considerarlas que había una persecución política. Esta será la cuarta vez que solicitará activar el sello azul y se enfocan en López, que, según el fiscal general, se encuentra en Brasil.

Por su parte, Quispe afirmó que en el caso de Murillo existen dos posibilidades en cuanto a su extradición. La primera es que Estados Unidos decida extraditarlo "de inmediato" y la segunda es que sea entregado a la justicia boliviana después de cumplir su pena en el país del norte. La audiencia de Murillo será el 7 de junio en la ciudad de Miami, en el Estado de Florida.

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