Fiscalía lleva a juicio oral solo a tres personas por la tragedia de Chapecoense

Pasan casi cinco años desde la tragedia del avión de LaMia, que cayó en Cerro Gordo, una serranía próxima a Medellín (Colombia) donde murieron 71 personas, entre las que estaba la mayoría de los jugadores del equipo brasileño de fútbol Chapecoense, dirigentes del club, periodistas de ese país y tripulantes bolivianos; solo hubo seis sobrevivientes.

Finalmente, la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz presentó la acusación formal para juicio oral contra tres personas relacionadas a la tragedia registrada el 28 de noviembre de 2016. 

Los procesados son solo tres de más de una veintena de investigados, entre los que estaban ministros, directores nacionales de la DGAC y de Aasana (ex generales allegados a la cúpula del Gobierno de Evo Morales, entre otros); todos ellos fueron alejados del juicio.

La Fiscalía en su resolución acusó al general Gustavo Vargas Gamboa, que era gerente de LaMia, y al coronel Marco Antonio Rocha Venegas, gerente de operaciones y figuraba como copropietario. A ellos los acusa por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y desastre en medios de transporte.

La tercera procesada es Celia Castedo Monasterio, que era funcionaria de Aasana, especialista ARO-Ais, que está refugiada en Brasil, donde se le ha dado refugio por considerarla perseguida política. A ella se la procesó por delitos de incumplimiento de deberes, lesiones gravísimas, lesiones culposas, desastre en medios de transporte y homicidio culposo.

Antes de LaMia, Gustavo Vargas fue director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), pero tras el accidente permaneció preso en la cárcel por más de un año y ahora, además de su avanzada edad, está con su salud deteriorada en Santa Cruz.

Rocha permanece refugiado en Estados Unidos y se declara víctima de persecución del Gobierno del MAS. En contrapartida quedaron fuera del juicio oral el general Tito Róger Gandarillas Salazar, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas y que el año en que ocurrió el siniestro aéreo era director nacional de Aasana; asimismo quedó fuera el ex senador venezolano, empresario y dueño de tres aviones de LaMia, Ricardo Albacete Vidal, quien en principio no dio la cara tras el accidente, pero ahora reclama una millonaria indemnización por considerar que se ha dañado los aviones de LaMia que reclama como propios.

Expediente quema las manos

Documentos judicializados a los que accedió EL DEBER señalan que la acusación del Ministerio Público fue presentada el 14 de febrero de 2020 al Tribunal Décimo de Sentencia de la capital. Sin embargo, a los días se declaró emergencia sanitaria por el coronavirus y, aunque el sistema judicial siguió en funciones, la acusación fue manejada con estricta reserva. 

Este tribunal no aceptó el caso y lo remitió al Tribunal Noveno, pero este lo devolvió al décimo. Las idas y venidas de la acusación generaron un conflicto de competencias hasta que una sala penal del Tribunal Departamental de Justicia emitió un fallo y el caso acaba de ser radicado en el Juzgado Décimo de Sentencia, integrado por los jueces Guido Castellón Carrillo, Paola Sandoval y Aníbal Ugarteche, quienes iniciaron diligencias para fijar fecha de inicio del juicio oral y se están realizando las notificaciones a todas las partes procesales.

La reactivación de este caso ha sorprendido a las defensas de los acusados por considerar que se busca siempre cortar un árbol empezando por las partes más débiles.

En la misma acusación la Fiscalía puntualiza que Celia Castedo hizo observaciones al vuelo sin retorno de LaMia del avión con matrícula CP-2933. Tras el accidente, Castedo se fue en busca de refugio a Corumbá (Brasil) por considerar que fue víctima de una injusticia y por la falta de garantías, la vulneración a sus derechos y al debido proceso.

La Fiscalía remarca que Castedo, como funcionaria de Aasana del Aeropuerto Internacional Viru Viru, hizo al menos cinco observaciones. Una de las más importantes se refería a la autonomía de vuelo del avión, que no era la adecuada, que faltaba un segundo plan alterno, que el informe fue mal llenado y era necesario hacer cambios por esas y otras razones que, en condiciones adecuadas, debieron impedir que el vuelo despegue.

Vuelo peligroso y sin retorno

En su informe, la Fiscalía estableció que el vuelo de la nave CP-2933 de LaMia partió a las 18:00 desde el aeropuerto de Viru Viru (Santa Cruz) transportando a 68 pasajeros y 9 tripulantes, incluido el equipo de fútbol Chapecoense, que tenía que jugar un partido en Colombia. 

El plan de vuelo presentado por LaMia especificaba la ruta Santa Cruz, Viru Viru, Cobija, capital Ravelo, Medellín, Río Negro, Colombia-Medellín. Se registró que la nave debía realizar un vuelo de 4 horas 22 minutos, pero el combustible que llevaba le alcanzaba exactamente para llegar al destino, sin que hubiera una reserva para sortear contingencias habituales en este tipo de operaciones, lo cual es obligatorio en la normativa aeronáutica. 

Por ello, según los estudios acumulados en pruebas para la Fiscalía, el resultado de este vuelo fue trágico al confirmarse la falta de provisión obligatoria de combustible y por consiguiente la operación aérea desde el inicio fue calificada como deliberada y riesgosa.

 Albacete demanda por sus aviones

Mientras la Fiscalía acusa a tres personas, el empresario y ex senador venezolano Ricardo Albacete Vidal (dueño de los aviones) presentó una demanda civil por daños y perjuicios por casi $us 13 millones, emergentes de un siniestro de aeronavegación en su calidad de propietario y arrendatario de dos naves que permanecen retenidas en Cochabamba y del avión con matrícula CP-2933, que el 28 de noviembre de 2016 se estrelló en Cerro Gordo, a 50 kilómetros de Medellín (Colombia), con el saldo fatal de 71 personas muertas y seis sobrevivientes.

En su demanda, que está vigente en la justicia boliviana, Albacete registra su domicilio en Madrid (España).

A cinco años de la tragedia, hay demandas sin resolver para que se pague indemnización a las víctimas y los familiares de los que fallecieron.

General Gandarillas, excomandante en jefe de las FFAA, fue imputado pero la fiscalía pidió su libertad

El General Tito Róger Gandarillas Salazar, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas durante el Gobierno de Evo Morales y que el año en que ocurrió el siniestro aéreo era director nacional de Aasana, fue imputado por la Fiscalía anticorrupción de Santa Cruz por delitos de incumplimiento de deberes en la tragedia aérea de la nave CP-2933.

Según registros de la Fuerza Aérea Boliviana, Gandarillas es el jefe que mayores condecoraciones con medallas de oro recibió. Sin embargo, los fiscales en su imputación pidieron medidas sustitutivas en favor de Gandarillas, presentación cada 15 días, firmar el libro, arraigo y dos garantes. 

Gandarillas, que se desempeñaba como director ejecutivo de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), ya no figura en las investigaciones.