La Fiscalía anunció la imputación formal y solicitará la detención preventiva de una mujer aprehendida por su presunta participación en la quema de la Subalcaldía del Distrito 8 de El Alto, un hecho que dejó daños materiales millonarios, destrucción de documentación pública y abrió una investigación contra al menos otras cuatro personas presuntamente involucradas en el ataque.
El fiscal de materia Weimar Molina informó que la mujer fue identificada como una de las participantes activas en los violentos incidentes registrados el 17 de junio y será procesada por los delitos de instigación pública a delinquir y destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional.
De acuerdo con la investigación preliminar, un grupo de personas ingresó a las instalaciones de la Subalcaldía y provocó graves destrozos, incluyendo la quema de una motocicleta municipal, daños a una camioneta oficial y la destrucción de oficinas públicas. Durante la intervención policial para contener los disturbios, un vehículo de la Policía también fue atacado con piedras, hecho que derivó en un segundo proceso penal.
“Las instalaciones de la Subalcaldía constituyen un bien del Estado, al igual que el vehículo policial que fue dañado durante estos hechos”, explicó Molina.
Las autoridades señalaron que la mujer aprehendida fue encontrada en posesión de un teléfono celular, cartuchos de dinamita y petardos, elementos que fueron secuestrados como parte de la investigación. Paralelamente, la Fiscalía solicitó acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Alcaldía para identificar a todos los participantes del ataque.
Mientras avanzan las pesquisas, el alcalde de El Alto, Eliser Roca, denunció que la quema de la Subalcaldía habría sido un acto planificado con el objetivo de destruir documentación vinculada a presuntos hechos de corrupción de gestiones anteriores.
“Quienes ingresaron a quemar sabían exactamente qué documentos destruir. No se trató de una turba que actuó sin conocimiento; esto fue planificado”, afirmó la autoridad municipal.
Según el reporte edil, entre la documentación destruida figuran archivos de Catastro, Recaudaciones y del Sistema Legal Municipal (SLIM), además de expedientes que respaldaban investigaciones administrativas y procesos judiciales. También fueron dañados equipos de topografía, motocicletas y otros bienes municipales, mientras que computadoras y unidades de procesamiento fueron sustraídas.
La Alcaldía estima que las pérdidas económicas superan el millón de bolivianos, aunque la evaluación técnica continúa en curso. Sin embargo, las autoridades consideran que el daño más grave es la pérdida irreversible de documentación que podía servir como prueba en procesos penales y administrativos.
El Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones para establecer la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales del ataque, mientras la Policía trabaja en la identificación de todos los involucrados mediante imágenes de videovigilancia y otros elementos recolectados durante las primeras actuaciones.