Fiscalía pide detención domiciliaria del gobernador de Potosí y señala daño económico de Bs 1,4 millones
(LEA EL DOCUMENTO) La comisión de investigadores advierte riesgo de obstaculización del proceso. Medio año después de la denuncia, el gobernador recién fue imputado
La Fiscalía pide la detención domiciliaria del gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, por el caso 41 ambulancias y advierte un daño económico de 1.435.000 bolivianos, equivalente a la póliza de cumplimiento de contrato.
La imputación emitida por el Ministerio Público advierte riesgo de fuga y obstaculización al proceso, debido a que una funcionaria de la administración departamental habría inducido a regularizar firmas de algunos de los miembros de la comisión de calificación.
“Se advierte la obstaculización en la presente investigación, por cuanto, una funcionaria del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí hubiese inducido a regularizar las firmas de algunos miembros de la comisión de calificación, situación que acredita la concurrencia de riesgo procesal”, detalla el documento de la Fiscalía.
Respecto a la situación del gobernador, la imputación advierte que no tiene un domicilio preciso en la Villa Imperial, “advirtiéndose un riesgo de fuga que no solo obstaculiza el desarrollo del proceso sino también cualquier notificación por parte del Órgano Judicial”.
El documento:
Asimismo, sostiene que Mamani, al ser la máxima autoridad departamental adjudicó el contrato a la empresa ‘Estefals Logistics’, “sin que la misma cumpla las especificaciones técnicas requeridas”, hizo constar la recepción de las ambulancias sin que estuvieran físicamente en Potosí y luego anuló el acuerdo, 22 días después de su incumplimiento, sin emitir sanciones o ejecutar la póliza de garantía.
De acuerdo a la valoración de la Fiscalía, el gobernador incurrió en el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes, entre otros tipos penales en los que se menciona a otros cuatro personeros de la administración departamental.
En la audiencia de medidas cautelares, el Ministerio Público pedirá, además de la detención domiciliaria, que los imputados se presenten una vez a la semana a firmar un registro biométrico, la prohibición a comunicarse con determinadas personas involucradas en el caso, una fianza y arraigo.
