Fiscalía pide ocho años de cárcel para Arias por “nombramiento ilegal” cuando era ministro
El alcalde de La Paz afronta 18 procesos judiciales por diferentes hechos cuando fue parte del Gobierno de Áñez. También es acusado por uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes
La Fiscalía informó este lunes que pedirá ocho años de cárcel contra el alcalde de La Paz, Iván Arias, por un supuesto "nombramiento ilegal" que realizó cuando era ministro de Obras Públicas, en 2020, durante la administración de Jeanine Áñez.
La autoridad local, junto a otros tres exfuncionarios, están presuntamente involucradas en el nombramiento ilegal del exdirector Ejecutivo del Centro de Comunicaciones La Paz, Eddie G. G. R., mediante Resolución Ministerial con el aval y viabilidad de la Unidad Jurídica de esa cartera de Estado.
“El Ministerio Público, en mérito al concurso real de delitos que se ha activado dentro del presente caso justamente va a pedir la máxima pena; en este caso, (por) el delito, de ocho años (de cárcel)”, dijo en conferencia de prensa el fiscal Coordinador de Anticorrupción, Eddy Flores.
Sostuvo que el Ministerio Público cuenta con más de 11 elementos de prueba y se emitió la imputación formal por los delitos de nombramientos ilegales, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.
El exdirector ejecutivo del Centro de Comunicaciones La Paz, Eddie G. G. R., es acusado por los delitos de anticipación y prolongación de funciones. En tanto, la exdirectora General de Asuntos Jurídicos, Marlen R. A.C. y la exjefa de Análisis Jurídico, María del C.S.S., son investigadas por incumplimiento de deberes, porque presuntamente no corroboraron las condiciones legales para el desempeño de las funciones que esta persona debía cumplir.
Existe una Resolución Ministerial del 22 de mayo de 2019, donde se aprueba un Manual de Puestos del Plan Operativo Individual Indivisible 2019, en el que establece que, para el cargo de Director Ejecutivo del Centro de Comunicaciones La Paz, es indispensable licenciatura en carreras económico – financieras con prioridad de experiencia mínima de cinco años a partir de la emisión del título profesional en provisión nacional.
De acuerdo con el investigador, esos requisitos fueron obviados al momento de “designar y viabilizar en el cargo al amigo de la exautoridad, porque él no tenía título profesional alguno, según certificó la UMSA y el Ministerio de Educación, tampoco tenía experiencia laboral en el área económica financiera”.
