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El fiscal anticorrupción Luis Fernando Atanacio Fuentes emitió este jueves un requerimiento de alerta migratoria, es decir de arraigo, para impedir la salida del país de los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López Julio, por el caso de la compra de armamento no letal que fue dotado a la Policía y las Fuerzas Armadas, durante el conflicto de noviembre del año pasado.

El ministro Murillo, en breve contacto con este medio, calificó esta orden de arraigo, con una frase: “comenzó la cacería”. Alertó que “yo no voy a ser trofeo de narcotraficantes, ni pedófilos, ni delincuentes vendidos a las mafias narcotraficantes, pueden estar seguros de eso”.

Complementó que “esa es la democracia del MAS, utilizar a la justicia para librar de culpa a quienes le hicieron fraude al país, y estaban escondidos en embajadas, defender a Evo Morales, liberar narcos como la reina del Norte, y perseguir a quienes defendimos la democracia. Es una pena".

Tras el triunfo del MAS en las elecciones, en menos de una semana, por la noche y durante fines de semana, jueces levantaron órdenes de aprehensión contra el expresidente Morales, exministros y exautoridades vinculadas al fraude y al caso audio, en el que el exmandatario asilado en Argentina ordenó al dirigente Faustino Yucra cercar y no permitir el ingreso de comida a las ciudades.

El documento señala que el 25 de noviembre de 2019, el Ministerio de Gobierno envió una carta a la empresa Cóndor, invitando a esa firma brasileña a presentar una propuesta para la compra de agentes químicos para la Policía.

Según la acusación, 24 horas después Murillo “cambió de parecer”, dice el documento, y envió otra misiva a esa empresa haciendo conocer que la referida compra sería a través de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions.

La Fiscalía menciona que la adquisición, que fue realizada por el Ministerio de Defensa, tuvo sobreprecio, en comparación con un material similar adquirido por el Gobierno de Venezuela. “Bolivia pagó Bs 14.800.000 más que Venezuela en la compra de estos agentes químicos a la misma empresa brasileña”, dice la acusación.

Por ello, acusa a los ministros de ambas carteras por los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas por particulares, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes.

“Por todo lo expuesto” y tomando en cuenta “que es preciso preservar” que los denunciados no salgan de territorio nacional al habérseles abierto un proceso penal, es que el documento solicita que se active alerta migratoria contra Murillo, López, además de Brayan Samuel Berkan y Sergio Alberto Zamora.