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La Fiscalía de Cochabamba que investiga los hechos de Huayllani no recibió la declaración del coronel de Policía, Jaime Zurita, quien es investigado por los sucesos en la localidad de Sacaba. La fiscal del caso, Lizeth Martínez, informó que el jefe policial no presentó ningún descargo para postergar su declaración.


“No se ha hecho presente, de todos modos, conforme establece la normativa, tiene 24 horas para justificar su inasistencia, no tenemos conocimiento de una justificación para que no declare, está en investigación”, dijo la fiscal Martínez cuando le consultaron sobre las declaraciones del jefe policial.


Jaime Zurita ocupó el cargo de Comandante Departamental de Cochabamba durante tres meses. Fue posesionado en ese cargo durante el motín policial que se había declarado en noviembre de 2019. El 28 de enero de este año fue transferido a la dirección nacional de la Policía y dejó el comando.  


De acuerdo con los datos de la institución verde olivo, Zurita ya está en el sector pasivo, fue jefe policial mientras duró los conflictos. Pertenecía a la promoción 1988 de la Policía y su cargo duró hasta que el ex comandante general de la Policía, Coronel Rodolfo Montero, ascendió a General, ese momento Zurita pasó a la letra A y es oficial pasivo de la entidad.


El decreto


La fiscalía de Sacaba investiga los sucesos en el puente Huayllani donde fallecieron 12 personas durante las violentas jornadas del 12 al 14 de noviembre. Ya está aprehendido el general Alfredo Cuéllar por el delito de asesinato, según informó su abogado Edwin Paredes, quien dijo que su cliente solo elaboró un plan en aplicación de un decreto.


Se trata del decreto 4078 que autorizaba la salida de los militares para resguardo de las instituciones y el uso de la fuerza. “El personal de las FFAA, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”, señalaba el artículo 3 de ese decreto.


El decreto fue emitido el 14 de noviembre y su vigencia duró dos semanas pues el 28 de noviembre fue abrogado por Jeanine Áñez quien dijo que el objetivo de pacificación había sido cumplido.


El 29 de octubre de este año, la Asamblea Plurinacional autorizó el procesamiento penal, por la vía ordinaria de la expresidenta Jeanine Áñez por la emisión de este decreto, por tanto, el caso puede ser sumado a las investigaciones que se realizan en Sacaba, Cochabamba y el otro caso en La Paz.



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