Fiscalía y UIF acuerdan intercambio de información aún cuando la ley antilegitimación está en suspenso
El convenio permitirá mejorar la investigación y procesamiento de delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y sus delitos precedentes, así como el Financiamiento del Terrorismo, como establece el proyecto de ley rechazado por varios sectores
Hace ocho días, el Senado decidió suspender el tratamiento del proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas debido al reclamo de varios sectores sociales. Sin embargo, este martes la Fiscalía General del Estado y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) suscribieron un Convenio de Cooperación y Coordinación Interinstitucional para el acceso a información y datos a través de la interoperabilidad de los sistemas informáticos que permita mejorar el trabajo investigativo.
De acuerdo con la red Erbol, Juan Lanchipa, fiscal general del Estado, dijo que a través del esfuerzo conjunto entre el Ministerio Público y la UIF, lograrán limitar los recursos que son fruto de la delincuencia. "Sumamos nuestros esfuerzos y ponemos a disposición de la UIF el Sistema Informático (Justicia Libre), para hacer el seguimiento de todas estas causas para que la UIF cuente con esta herramienta tecnológica de avanzada que tenemos en el país y, de esta manera, tengamos mejores resultados y estemos en buenas condiciones para la evaluación país”, dijo.
Mientras que Ana María Morales, directora ejecutiva de la AFP, destacó que la firma del convenio con la Fiscalía General del Estado, es un acto que coadyuvará a Bolivia para efectivizar varias acciones pendientes en el ámbito de coordinación y la revisión de informes que realiza la UIF con el Ministerio Público para la debida investigación y obtener mejores resultados para la población.
El convenio tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación, cooperación y apoyo técnico entre la UIF y el Ministerio Público, así como el acceso y transmisión de información y relevamiento de datos u otros productos a través de sistemas informáticos interoperables, con carácter restringido y controlado, necesarios para el desarrollo de las actividades institucionales en el marco de las competencias de ambas entidades, que permita mejorar la investigación y procesamiento de delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y sus delitos precedentes, así como el Financiamiento del Terrorismo.
Así también, ambas instituciones desarrollarán procesos de capacitación de manera recíproca, a fin de que los equipos técnicos y autoridades cuenten con capacidades altamente especializadas. A través de la Escuela de Fiscales del Estado, elaborarán un programa de formación, capacitación, actualización y especialización de los servidores públicos en materia de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo. (Con información de la Fiscalía)
El lunes, al menos seis sectores sociales y productivos protagonizaron un paro nacional en rechazo al proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo que impulsa el Gobierno, por considerar que vulnera varios artículos de la Constitución Política del Estado.
En la víspera, el abogado constitucionalista Williams Bascopé, observó que de acuerdo a la normativa planteada el Ministerio de Justicia y la Procuraduría -que pertenecen al Poder Ejecutivo- van a coadyuvar transgrediendo las acciones de otro poder que es el Legislativo.
