Por Mauricio Quiroz Terán y Diego Seas
Bolivia aparece como uno de los principales escenarios de la investigación abierta en España contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por una supuesta trama de tráfico de influencias. Un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), una entidad de élite de la policía española, sostiene que el exmandatario hizo gestiones ante el Gobierno de Luis Arce para beneficiar al conglomerado peruano Grupo Gloria, que enfrentaba litigios millonarios en el país.
La Policía española afirma que Zapatero recibió 200.000 euros entre 2024 y 2025 mediante un contrato de asesoría firmado con Focus Social Research, una empresa peruana dedicada al marketing. Sin embargo, los investigadores consideran que esa compañía fue utilizada como una “sociedad interpuesta” para justificar pagos relacionados, en realidad, con las gestiones realizadas en favor del Grupo Gloria y de su filial boliviana, la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce).
El punto central del conflicto era una demanda iniciada por la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa), la emblemática empresa de Chuquisaca, contra Soboce por competencia desleal. La empresa del grupo peruano había sido condenada a pagar una indemnización de aproximadamente $us 107 millones, fallo que después fue ratificado por distintas instancias judiciales.
De acuerdo con la reconstrucción de la UDEF, la intervención de Zapatero comenzó formalmente en mayo de 2024. El 8 de ese mes se reunió en Madrid con Carmen Almendras, ex embajadora de Bolivia en España y posteriormente asesora de una consultora internacional. La Policía le atribuye el papel de intermediaria entre el ex gobernante español y Ana María Ospina, directiva del Grupo Gloria.
Un día después de ese encuentro comenzó a circular un borrador de contrato de asesoramiento. El acuerdo terminó fijando honorarios por 200.000 euros, además de una dieta de 10.000 euros diarios y la cobertura de gastos en caso de viajes. La UDEF observa que la documentación utilizada para la supuesta consultoría correspondía a los procesos judiciales que afectaban al Grupo Gloria en Bolivia y no a las actividades de Focus Social Research.
La primera transferencia fue de 100.000 euros y se realizó entre finales de junio y principios de julio de 2024, según las fechas consignadas por los medios españoles que accedieron al informe.
La implicación boliviana se hizo más directa en septiembre de ese año. Mensajes hallados en el teléfono de Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, muestran que en agosto se comunicó con la entonces ministra de la Presidencia, María Nela Prada, para gestionar un encuentro entre el exmandatario español y Luis Arce.
Según la agenda reconstruida por la Policía, Zapatero llegó a Bolivia el 14 de septiembre de 2024 y al día siguiente se reunió con Arce y con el entonces ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Dos días antes de esas citas, su secretaria había solicitado una actualización sobre la situación de Soboce y los puntos que debían plantearse ante las autoridades bolivianas.
La UDEF también menciona contactos o gestiones con el entonces ministro de Justicia, César Siles, y con el procurador general del Estado, Ricardo Condori. En mayo de 2025, cuando el litigio todavía se encontraba activo, la secretaria de Zapatero pidió el contacto del procurador y consultó si Arce ya había hablado con esa autoridad. Finalmente, el exgobernante español se habría comunicado con el ministro de Justicia.
Ese mismo mes, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz concedió una tutela a Soboce y dejó temporalmente sin efecto la sentencia que ordenaba pagar la indemnización. El caso quedó en manos del Tribunal Constitucional Plurinacional, encargado de revisar y confirmar o revocar esa decisión.
La Policía española relaciona ese resultado con dos nuevas transferencias de 50.000 euros cada una, efectuadas en junio de 2025. No obstante, esta relación forma parte de la hipótesis investigativa y no constituye todavía una sentencia judicial contra Zapatero ni demuestra por sí sola que las autoridades bolivianas hubieran modificado decisiones a cambio de algún beneficio.
El entorno del ex presidente español rechaza las acusaciones y sostiene que realizó una consultoría legal legítima. También cuestiona que sus agendas y comunicaciones privadas hayan sido incorporadas y difundidas dentro de la causa. Por otra parte, Almendras, que retornó al país hace más de un año, vive en Sucre. EL DEBER intentó contactarla, pero hasta el momento no tuvo éxito.
La otra mediación
La investigación adquiere una dimensión política por otra visita que Zapatero realizó a Bolivia durante 2024. En marzo, dos meses antes de que comenzaran las gestiones empresariales descritas por la UDEF, llegó a Santa Cruz junto con los expresidentes Alberto Fernández, de Argentina, y Ernesto Samper, de Colombia, además de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y otros integrantes del Grupo de Puebla.
Oficialmente, participaron en un seminario internacional sobre la nueva arquitectura financiera regional. Paralelamente, los visitantes activaron una misión reservada para intentar reconciliar a Luis Arce y Evo Morales, cuyo enfrentamiento ya había dividido al Movimiento Al Socialismo.
Zapatero confirmó entonces, en un contacto con EL DEBER, que trabajaban para “recuperar el entendimiento y la unidad” y pidió discreción. Los integrantes del Grupo de Puebla se reunieron por separado con Arce y Morales, aunque el intento de acercamiento no prosperó y la ruptura política terminó profundizándose hasta dividir definitivamente al MAS.
No existe, por ahora, evidencia pública de que aquella misión política de marzo estuviera relacionada con las posteriores gestiones empresariales investigadas por la Policía española. Sin embargo, ambos episodios muestran el nivel de acceso que Zapatero tenía a las máximas autoridades bolivianas: primero como referente internacional de la izquierda que ofrecía mediar en la crisis interna del oficialismo y, meses después, como consultor que, según la UDEF, buscaba intervenir en favor de un grupo privado con intereses judiciales millonarios en Bolivia.