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Fue un año bastante movido para las Fuerzas Armadas. Desde que el 10 de noviembre de 2019 pidieran la renuncia de Evo Morales a la Presidencia del Estado, han pasado por mucho: después de varios años sus tropas salieron para participar en la contención de protestas civiles junto a la Policía (se reportaron 36 muertes y centenares de heridos en hechos que son investigados hoy por un grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), escucharon cómo civiles desencantados con el resultado electoral iban a tocarles las puertas para que se “hagan cargo” del Gobierno, y ahora uno de los suyos, un general en servicio activo llamado Alfredo Cuéllar, se sienta en el banquillo de los acusados, sindicado de asesinato por las muertes de 10 personas en el puente de Huayllani, en Sacaba.

Mientras el Alto Mando Militar cita a una conferencia de prensa para declararse “desconcertado” por la medida de detener y enjuiciar a un general, los oficiales del servicio pasivo se manifiestan en tres ciudades del país, dejando en claro que no ha sentado nada bien esta decisión al interior de la tropa.

Para oficiales en servicio pasivo, como Jorge Santistevan o Tomás Peña y Lillo, se está procesando solo un engranaje de la máquina que operó para que los militares estuvieran ese día de noviembre en Sacaba (nueve muertos y 80 heridos; una persona más murió semanas después producto de las heridas de ese día). 

Según la cadena de mando que explican ambos militares, Cuéllar sería la sexta rueda del mecanismo. Antes de él, tendrían que responder la expresidenta Jeanine Áñez, el exministro de Defensa, Fernando López, el comandante en jefe de la Fuerzas Armadas, el Estado Mayor y el comandante del Ejército para llegar recién al general ahora acusado de asesinato.

Peña y Lillo cree que la mayoría de estos ya está fuera del país. Para ambos, lo que corresponde es un proceso interno en la justicia militar para saber si actuó de acuerdo a las órdenes que le llegaron antes de abrir la vía ordinaria. Y en el caso de la justicia civil, para Peña y Lillo se debería hacer un juicio de responsabilidades a Áñez en el cual Cuéllar sea un engranaje más de la cadena de mando.

Sin embargo, desde la vigencia de la nueva Constitución, las únicas autoridades que gozan de caso de corte son los presidentes y vicepresidentes del Estado y el juicio de responsabilidades es uno de los pocos que se pueden subdividir. Eso deja solo a Áñez con caso de corte y al resto ante la justicia ordinaria.

Viejas deudas

Para Santistevan, coronel en servicio pasivo y abogado, cada vez será más difícil que los militares salgan de sus cuarteles para ayudar a la Policía cuando ésta sea rebasada. Recuerda que en octubre negro, en 2003, también hubo órdenes por escrito y terminó con tres oficiales condenados a penas de entre 10 y 15 años de cárcel. Aunque Peña y Lillo cree que las FFAA igual seguirán cumpliendo con las órdenes de salir de sus cuarteles cuanto la autoridad lo mande, está de acuerdo con Santistevan que octubre de 2003 marcó un hito para la institución más antigua del Estado.

Se queja de que solo los uniformados fueron a la cárcel, mientras que el mando civil huyó del país o fueron condenados a menos de tres años de prisión. “Esa vez el Alto Mando guardó silencio, pero no se dio cuenta que estaban juzgando a todas las FFAA” dice.

Peña y Lillo cree que la declaración de “desconcierto” del Alto Mando militar es adecuada, ya que para él no se puede acusar a un oficial de asesinato, porque no acudió a la operación pensando en matar a determinadas personas.

Consultado sobre si este juicio es un cobro por haber pedido la renuncia del entonces presidente Morales en 2019, Peña y Lillo se acoge a su derecho de no deliberar. Santistevan, en cambio, opina que ésta es parte de la revancha política y que se está usando a la Fiscalía como una herramienta represora.

Explica que la relación entre los oficiales retirados y los activos fue clave en octubre y noviembre del año pasado para que los militares no salieran a reprimir a los movilizados en la denominada “revolución de las pititas”.

Sin fueros

Para William Tórrez, exjuez y senador por el MAS, está claro que los que cometen delitos contra los ciudadanos deben ser juzgados por la justicia ordinaria. En el caso de Sacaba y Senkata, explica, las víctimas fueron civiles y el procedimiento aplicado es el correcto. “Si los militares creen que sus derechos fueron vulnerados, tienen los mecanismos legales para restituir cualquier derecho”, dijo.

Añade que será la investigación la que determine si el tipo penal de asesinato, con el que acusaron al general Cuéllar es el adecuado.

“Los fiscales que investigan estos hechos son los mismos que investigaron y encarcelaron a muchos militantes del MAS”, dijo Tórrez.

Para Samuel Montaño, analista en temas de seguridad y defensa, el enjuiciamiento de Cuéllar más que a los hechos de Sacaba puede responder a que él “apuró” a que Evo Morales y Álvaro García Linera abordaran el avión de la Fuerza Aérea de México que los sacó del país. Eso deduce Montaño porque no se ha procedido de la misma manera con el comandante de la matanza en Senkata.

Para él, hubo un exceso de la justicia civil, que debió esperar un sumario de la justicia militar antes de actuar.

Cree que si bien no es correcto que se produzcan bajas en la población civil en este tipo de conflictos, hay que analizar el concepto de “uso proporcional de la fuerza” y así como se procesa a los malos uniformados que abusan de ella, también se debe procesar a los líderes que envían a la gente a enfrentarse con los policías y militares en busca de un muerto al que puedan usar como bandera.

Montaño advierte que se puede llegar a una situación en el país en que ni militares ni policías quieran salir a controlar revueltas populares. Algo así ya está sucediendo en Perú, donde tras el retiro de generales de Policía por las muertes durante las protestas contra el Congreso por destituir al presidente Martín Vizcarra, han prometido no salir a enfrentar nuevas protestas. Para Montaño, a eso se puede estar exponiendo el gobierno de Luis Arce Catacora.

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