Escucha esta nota aquí

Después de la detención del exministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, la Fundación Tierra planteó la intervención inmediata del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la realización de una auditoría a los procesos de saneamiento que lleva adelante la entidad estatal.

Este pedido se plasmó en el documento denominado ‘Carta Abierta a Bolivia sobre el tráfico de tierras’. En ese escrito, la organización sostiene que el caso deja en evidencia nuevamente los problemas sobre la tenencia de la tierra en el país, en especial en Santa Cruz.

La organización hace un recuento de los hechos irregulares que denunciaron durante el Gobierno de Evo Morales y el transitorio de Jeanine Áñez.

Sobre la gestión de Morales, la organización detalla que, por ejemplo, entre los años 2014 y 2019, el INRA firmó más de 1.400 autorizaciones de asentamientos de nuevas comunidades en Santa Cruz. 

Pero en vez de transparentar esa dotación, según la Fundación, el INRA ocultó toda información sobre quiénes son los beneficiarios, dónde están esas tierras y qué extensiones tienen. “En los hechos, muchas son “comunidades fantasmas” en manos de traficantes que se hacen llamar dirigentes campesinos, indígenas o interculturales”, señala la organización.

Sobre la gestión de Áñez, (2019 -2020), la Fundación señaló que se entregaron más de 34.000 hectáreas a la familia del entonces ministro de Economía, Branko Marinkovic, vulnerando el debido proceso técnico y jurídico.

Acerca de este caso, la Fundación Tierra dijo que entregó documentos al Gobierno de Luis Arce y a los parlamentarios oficialistas y opositores. "Sin embargo, hasta el momento, las autoridades mantienen una actitud pasiva al respecto”, precisó.

En una entrevista con EL DEBER Radio, el director de esa organización, Gonzalo Colque, dijo que en los últimos años “la tierra se ha transformado en moneda de cambio por favores políticos”.

Sostuvo que es necesario un paquete de intervención tanto en el INRA como en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra.

“Tiene que haber una pausa en la distribución de tierra porque esto es una puerta abierta para el tráfico. No basta con cambiar a las autoridades”, argumentó.

Hay más involucrados

Por otro lado, se profundizan las investigaciones sobre la presunta red de corrupción que dirigía Edwin Characayo. Ayer, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que existen dos personas más involucradas en las actividades irregulares de la exautoridad.

Según Del Castillo “este exministro (Characayo) estaría trabajando con más personas” dentro de una red que pretendía cobrar 380.000 dólares para agilizar el saneamiento de un predio productivo en la localidad de San Ramón.

“Tenemos la certeza de que existen dos personas más implicadas, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras”, aseguró. Mientras que la defensa legal del exministro reveló que existía una tensa relación entre Characayo y el director nacional del INRA, Eulogio Núñez, lo que propició que desde otras esferas del Gobierno 'le tendieran una trampa' al exministro.



Comentarios