Gestora, leyes y currícula: regiones protestan y surgen contramarchas

Las protestas por el ‘paquete de leyes mordaza’, administración de pensiones por la Gestora Pública y al menos cinco demandas en materia educativa, continúan complicando al Gobierno con movilizaciones en al menos dos regiones del eje central. Mientras los cívicos alistan una estrategia de unificación nacional, otros sectores como los gremiales y los médicos acatarán los bloqueos de carreteras del país y manifestaciones para este jueves 27 de abril.

Por 24 horas desde el domingo al lunes, un grupo de autoconvocados bloqueó el segundo anillo y la avenida Cristo Redentor de Santa Cruz en contra de los proyectos de ley 280, 304 (que ya fue retirado) y 305 que impulsa el Gobierno en la Asamblea Legislativa. Los movilizados consideran que estas normas en caso de aprobarse pueden usarse para perseguir a quienes piensen en contra del oficialismo y del Gobierno.

“Esta trinchera por la libertad duró 24 horas. Se va a ir masificando ya que por tres semanas estamos haciéndonos escuchar para que lleguen a oídos de las autoridades. Habemos vecinos de los cuatro puntos cardinales con una sola voz: que eliminen el paquetazo de leyes y no queremos el comunismo”, dijo una de las vecinas desde los pies del monumento Cristo Redentor.

El proyecto de ley 280 para el “fortalecimiento a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas” es una propuesta del ministro de Justicia, Iván Lima, quien recorrió el país para divulgar la norma y explicar que no tiene nada que ver con la Ley 1386, abrogada en 2021, y que no alcanza a los sectores sociales. Aunque ya recibió críticas por dialogar solo con “sectores afines”.

La iniciativa plantea elevar la pena por terrorismo de 20 a 25 años de prisión. El delito es clave en casos como el denominado ‘Golpe I’, que tiene relación con la crisis política de 2021 y la forma en que terminó la presidencia de Evo Morales.

El proyecto 304 hacía referencia al uso “indebido” de las redes sociales, pero fue retirado por su proyectista y diputado del MAS, Juan José Huanca. El anteproyecto 305 sigue paralizado, pero generó protestas de la prensa que lograron el compromiso del masismo para retirar el artículo 281 que vulnera la Ley de Imprenta.

Eber Salazar , presidente Colegio Médico de Tarija, señaló que “el paquete de leyes de 2021 quiere volver a imponerse y ahora es más perverso. Queremos vivir en libertad, queremos libre expresión, no queremos otra Venezuela por el futuro de nuestro hijos”. Agregó que la asamblea consultiva tarijeña rechazó las leyes y apoyarán las demandas de los gremiales.

La Confederación de Gremiales de Bolivia señaló que las movilizaciones comenzaron ayer lunes de forma escalonada y que tendrán mayor impacto el jueves 27 con un bloqueo de carreteras.

“Las movilizaciones empiezan desde hoy (ayer) porque no podemos permitir y tampoco admitir las cosas que están pasando. Pareciera que desde que el momento que nosotros hemos salido a una marcha, el Gobierno quiere implementar ese proyecto de ley 280 y parece que empezó la guerra para detener a nuestros ejecutivos”, manifestó el vocero de las nueve federaciones, Daniel Pucho, y denunció que intentan encarcelar a su dirigente nacional Jesús Cahuana.

El dirigente Alfredo Villacorta afirmó que la movilización no es política y exigió al presidente Luis Arce dialogar con las bases. Ronald Durán, dirigente de la Central General de Trabajadores por Cuenta Propia de Cochabamba, se quejó por que el Gobierno no tuvo acercamiento “con los verdaderos gremiales, se está reuniendo con gente afín y ellos indudablemente van a decir: ‘estamos de acuerdo’”.

Desde La Paz, el gremialista Antonio Siñani coincidió con Durán y dijo que las autoridades nacionales deben reunirse con los sectores que están marchando.

Contramarchas

A la cabeza del concejal José Quiroz, sectores sociales afines al MAS se congregaron para marchar en contra de los bloqueos anunciados para este jueves 27 de abril. Los manifestantes defendieron su derecho al trabajo, por lo que cualquier bloqueo o paro obstruye este objetivo.

“Nos hemos convocado todos los distritos, gremiales y transportistas, para decirles a los grupos de poder, (a) la tiranía de la Gobernación, que no queremos más paros. No queremos más sometimiento, nos coartan el derecho al trabajo, a la vida. Como MAS no lo vamos a permitir; el gobierno ya retiró esas leyes”, expresó el concejal masista desde Santa Cruz.

En La Paz, los representantes de los padres de familia de la ciudad de El Alto y la Central Obrera Regional (COR) marcharon la mañana de ayer en contra de los maestros movilizados, a quienes les piden deponer “actitudes intransigentes”, para no perjudicar la educación de los estudiantes.

El recorrido inició en La Ceja, luego la caravana bajó, en marcha, hacia las instalaciones del Ministerio de Educación. Tras su llegada, una comisión fue recibida por el ministro Édgar Pary, con quien dijeron que trataron temas relacionados al mejoramiento de la educación en el país.

“Lamentamos que el magisterio urbano no quiera sentarse a dialogar y tengan un carácter radical y eso va en desmedro de los padres de familia y los hijos. Rechazamos las declaraciones del dirigente José Luis Álvarez que indicó que van a desestabilizar el Estado. No lo vamos a permitir”, advirtió el ejecutivo de la COR, Marcelo Mayta. Agregó que no será la primera marcha y que saldrán otras organizaciones convocada a través de la Asamblea de la Alteñidad.

Maestros

El magisterio urbano nacional en su octava semana de protestas en contra de la actualización de los contenidos de la malla curricular, solicitando más ítems y presupuesto, reiteró su pedido de hablar con el presidente o una autoridad con capacidad de decisión.

“Lamentablemente no ha habido respuesta de parte del presidente ni de nadie, simplemente hemos escuchado atisbos de que a la ministra de la Presidencia le gustaría intermediar o la viceministra de Comunicación, pero no es oficial”, cuestionó el ejecutivo nacional de los maestros, Patricio Molina e informó que la caravana de maestros continuará en La Paz.

Apuntó que no están equivocados en cuestionar la malla curricular y muestra de ello es el “plagio” de las portadas de los textos educativos. “Texto y contenido que está dirigido a ciertos intereses y tienen parte de plagio de otras editoriales”, señaló.

Mientras, en Chuquisaca se presentó la segunda denuncia contra el ministro de Educación, Edgar Pary, por el presunto plagio de los dibujos de un anime en los textos escolares oficiales.

Gestora

A pocos días de que la Gestora Pública inicie sus operaciones a pleno, el rector cruceño Vicente Cuéllar presentó un estudio técnico – jurídico acerca del funcionamiento de esta entidad desde su inicio y planteó al Ministerio de Economía informar sobre: las inversiones y montos de los aportes administrados por las AFP; inversiones de los fondos de pensiones en bonos del Estado; estados financieros de la Gestora; fiscalización de la APS a la Gestora; y modificación a la Ley 065.

”Hay una administración directa del Ministerio de Economía y esto va en contra de la CPE; en otras palabras, la Gestora está en manos de los políticos y es administrada por ellos”, sostuvo Cuéllar.

Adrián Ávila, presidente del Comité pro Intereses de Tarija, confirmó que el movimiento cívico apoyará e impulsará la unificación de todos los sectores para evitar que el Gobierno “intente solucionar la crisis económica, política y social apropiándose de los recursos de los jubilados”.

Este martes el ampliado será en Cobija y está asegurada la asistencia de todos los cívicos. La agenda a tratar será la “confiscación” de los bienes de los bolivianos a través de la Gestora; la ley del oro y los proyectos de ley en materia de libertad de expresión.

Desde la Asamblea Legislativa, el senador Rodrigo Paz anunció que remitirá una petición de informe escrito al Ministerio de Economía para saber si la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (Gestora) cuenta con manual de funcionamiento.

“Estoy pidiendo que se me confirme si la Gestora tiene o no un manual de funcionamiento, es decir, esta institución que manejará 23.500 millones de dólares de los trabajadores y jubilados no tendría reglas claras y específicas para manejar las pensiones”, advirtió.