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A una semana de hacer público su informe sobre los sucesos de 2019 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en Bolivia reportó que para elaborar el mismo entrevistaron a 400 personas y visitaron 12 ciudades y comunidades en conflicto de aquel año.


“El #GIEIBolivia🇧🇴 expresa su agradecimiento y reconocimiento a la valentía de víctimas, familiares y ciudadanos que brindaron información al GIEI. Asimismo, agradece a todas las instituciones que le aportaron información”, señala el primero de cinco tuits que publicó el jefe de esa misión, Jaime Vidal en su cuenta twitter, @Jaime_Vidal


Los expertos realizaron una investigación sobre los sucesos entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2019 y ese reporte ya fue entregado al Gobierno el pasado 23 de julio. Cumplidas esas formalidades esta instancia comunicó que hará público ese documento entre el 16 al 20 de agosto y serán las familias de Senkata en La Paz y Sacaba en Cochabamba quienes la reciban en primera instancia.


De acuerdo con este recuento el GIEI analizó más de 120.000 folios de expedientes investigativos, judiciales, periciales e información aportada por autoridades. También analizó más de 1.000 archivos audiovisuales aportados por la sociedad civil, autoridades y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ya estuvo en Bolivia y realizó un relevamiento de esos sucesos.


Los expertos visitaron las ciudades y poblaciones de: Santa Cruz, Montero, Cochabamba, Chapare, Sacaba, Potosí, Betanzos, Vila Vila, Oruro, Challapata, El Alto y La Paz donde recogieron los testimonios de las víctimas y testigos de esos sucesos.


También informó que, en esas visitas, se logró reuniones con periodistas nacionales y sindicatos de la prensa, además de las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales. Los organismos internacionales y las delegaciones diplomáticas acreditadas en Bolivia también formaron parte de las entrevistas realizadas.


Hasta el momento, no se conoció de ninguna observación que haya realizado el Gobierno de Bolivia al trabajo que entregaron los expertos el 23 de julio. El Ejecutivo tenía un plazo de 10 días para realizar las observaciones al reporte final.


  

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