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Las agresiones a 19 trabajadores de la prensa fueron registradas en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) durante los conflictos de 2019. Los ataques se generaron desde la Policía, el Gobierno y  los grupos enfrentados, según el documento oficial entregado el martes 17 de agosto. En varios casos, hubo ataques que no fueron reportados por los comunicadores por una u otra razón. 


“Nunca antes había sido tan difícil ejercer el periodismo en Bolivia. El clima social y la aguda polarización política dieron lugar a todo tipo de acusaciones hacia la prensa, que fue señalada de ‘mentirosa’, ‘vendida’, ‘golpista’ o ‘masista’, según se la tildara de obediente a una u otra de las facciones principales en pugna”, señala el informe del GIEI.


La experta Magdalena Correa abogó por una apertura de los medios para desterrar los calificativos dentro de los propios medios y acercar los mismos hacia la sociedad. Dijo que en muchos países no existe legislación sobre el trabajo de los medios de comunicación y la libertad de expresión con que se debe trabajar.


Su colega, Patricia Tappatá Valdez refirió que vieron cómo los periodistas eran agredidos y en algunos casos esas agresiones eran alentadas por las propias autoridades de Gobierno. El informe hace alusión a las declaraciones de la entonces ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, sobre la restricción a la libertad de expresión en los medios.


“Hay una mirada un tanto abusiva de agresión hacia los trabajadores de la prensa, en una asimilación automática a la tendencia del periódico en el cual trabajan y eso me ha parecido realmente muy preocupante. Hemos mirado muchos vídeos, hemos leído muchos testimonios justamente por ser periodistas, hay bastante material disponible y realmente muchos periodistas que sólo estaban transmitiendo en la calle en medio de las protestas fueron amenazados, agredidos, arrinconados”, refirió la especialista.


Los episodios


El 21 de octubre de 2019, luego de reiniciarse y completarse el conteo rápido de votos, el fotoperiodista de La Razón, Álvaro Valero, fue agredido por policías antimotines en las afueras de un hotel en La Paz.


Al día siguiente, otros dos periodistas que cubrían el evento –Álvaro Peña, del periódico Opinión, y Daniel James, fotógrafo del periódico Los Tiempos– se desmayaron por efectos de los gases.


El 29 de octubre, cuando la periodista Adriana Mendoza, de la cadena Gigavisión, informaba sobre los bloqueos en la Avenida Arce, en La Paz, dos policías desde una moto le arrojaron gas pimienta al rostro.


Ese mismo día, en la ciudad de Cochabamba, el camarógrafo del canal de televisión Tele C, David Aramayo recibió el impacto de una granada de gas en el rostro y brazo, en la zona del puente Muyurina.


El 8 de noviembre, el fotoperiodista Gastón Brito, del periódico Página Siete, fue detenido y trasladado a la FELCC en La Paz. Según su relato, fue arrestado porque se negó a dar información sobre otro periodista a la policía.


El 10 de noviembre, el periodista Luis Vitto Vargas, del periódico Caza Noticias, fue detenido por policías cuando tomaba fotos en la zona de Villalobos en La Paz. En la FELCC fue agredido y amenazado después que la Policía encontró una credencial del MAS en su billetera.


Otro caso de detención irregular por fuerzas de seguridad ocurrió el 12 de noviembre, con el periodista Adair Pinto, de la Radio Potencia Dinámica, en La Paz.


El 15 de noviembre la corresponsal del periódico Al Jazeera, Teresa Bo, fue agredida con gas pimienta, mientras transmitía en vivo en La Paz.


Como esos testimonios hay otros 11 que están registrados en el informe del GIEI y forman parte de todo el documento. “Nunca antes había sido tan difícil ejercer el periodismo en Bolivia”, fue la conclusión de varios de los entrevistados, señala el reporte.



  

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