En la Gobernación aseguran que iniciaron una auditoría y un proceso interno para establecer responsabilidades por el error técnico. El diputado Rolando Cuéllar denunció al gobernador ante la Fiscalía por atentado contra la salud pública

1 de julio de 2021, 8:20 AM
1 de julio de 2021, 8:20 AM

Lo que en la Gobernación de Santa Cruz califican como “un error técnico”, la entrega en tres municipios cruceños de pruebas contra el Covid-19 que se encontraban vencidas, en el MAS consideran este hecho como un “atentado en contra de la salud pública”.

Por este caso, que se hizo público el fin de semana, el diputado del MAS y vicepresidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Rolando Cuéllar, presentó ayer una denuncia en la Fiscalía en contra del gobernador del departamento, Luis Fernando Camacho, y del director de Servicio Departamental de Salud (Sedes), Erwin Viruez, por incurrir en los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, por daños económicos al Estado y atentado contra la salud pública.

“Como presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña he formalizado una querella criminal en contra del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y en contra del director del Sedes, Erwin Viruez. Este caso no solo estará en el Ministerio Público, sino que lo presentaré ante la comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados”, advirtió Cuéllar a su salida de la Fiscalía. Además, el diputado anunció que solicitó la detención inmediata de la autoridad y del funcionario.

El fin de semana representantes de los municipios de Cuatro Cañadas y San Julián, ubicados al este de Santa Cruz de la Sierra, denunciaron que la Gobernación entregó pruebas de antígeno nasal vencidas. En esa oportunidad, el director del hospital de Cuatro Cañadas, Roger Copa, indicó que se detectó, días después de la entrega, que las pruebas tenían validez solo hasta mayo, por lo que se hizo la denuncia. El director del Sedes respondió, en la ocasión, que los insumos fueron «entregados por error».

Proceso interno

Una vez conocida la denuncia en la Fiscalía, el secretario Jurídico de la Gobernación, Efraín Suárez, convocó a conferencia de prensa para reiterar que se incurrió en “un error técnico” por entregar pruebas de anticuerpos caducados en los municipios de Cuatro Cañadas, San Julián y San Ramón. Asimismo, indicó que por instrucción del gobernador se inició una auditoría interna para establecer responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.

Según el funcionario, en los mencionados municipios no fueron entregados medicamentos ni pruebas de antígeno nasal vencidos, sino pruebas de anticuerpos, que se aplican en los dedos.

Una vez conocido el error técnico, según el funcionario, las pruebas vencidas de anticuerpos fueron cambiadas por las de antígeno nasal en Cuatro Cañadas y San Ramón, pero en San Julián no aceptaron devolver los insumos.

Explicó que el material fue adquirido por el Ministerio de Salud y recibido en Santa Cruz el 18 de marzo, con fecha de caducidad del 23 de mayo. Estos insumos fueron enviados a un depósito, pero alguien los sacó por error. El caso está en investigación.

DOS ABOGADOS COINCIDEN EN QUE NO EXISTE DELITO, SINO UNA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

En criterio de los abogados Otto Ritter y Joadel Bravo no existe causa para iniciar un proceso judicial en contra del gobernador Luis Fernando Camacho, ni del director del Sedes, Erwin Viruez, porque no existió delito por la distribución de pruebas anticovid vencidas en tres municipios cruceños, pero que después fueron retiradas y repuestas por nuevas.

“Para que exista delito tiene que haber dolo y culpables, pero en esta oportunidad solo se puede apreciar una responsabilidad administrativa que debe sancionarse internamente”, dijo Ritter.

Joadel Bravo opinó que no hubo delito porque nadie consumió esos productos vencidos. “Si bien fueron entregadas las pruebas, pero una vez conocido el error fueron retiradas.

El artículo 9 del Código Penal establece: “No será sancionado con pena alguna el que desistiere voluntariamente de la comisión de un delito. El que de igual modo impidiere o contribuyere a impedir que el resultado se produzca, a menos que los actos realizados constituyan delitos por sí mismo”.