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La Gobernación de Tarija ha destinado más de Bs 51 millones de sus ingresos, principalmente de la renta petrolera (regalías e Impuesto Directo de los Hidrocarburos) para fortalecer el sistema de salud  y atender la emergencia sanitaria por el Covid-19 en 2020.

Según cifras proporcionadas por la entidad subnacional, Bs 34.2 millones se gastaron en la compra de equipamiento (unidades de terapia intensiva), Bs 5.4 millones en insumos de bioseguridad, Bs 3.8 millones para contratación de recursos humanos (médicos y enfermeras), Bs 1.8 millones se invirtieron en infraestructura, Bs 4.4 millones en atención y Bs 1.3 millones en adquisición de pruebas rápidas.

"Tuvimos que afrontar una pandemia gastando mucho dinero, nos pusimos a nivel de gasto en toda Bolivia porque hemos priorizado recursos económicos en respiradores, en poner al personal con las medidas de bioseguridad, hemos dado medicación y atendido la solicitud de las autoridades de salud", afirmó la secretaria de Desarrollo Productivo, Lily Morales.

La funcionaria salió a aclarar sobre la situación financiera de la Gobernación luego de la versión propalada por el asambleísta Mauricio Lea Plaza de que está en una presunta bancarrota por el sobregiro del gasto de funcionamiento en 2020.

Además, Lea Plaza denunció que al personal de la entidad no se canceló salarios por dos meses, entre noviembre y diciembre.

Morales admitió que solo se debe de un mes a ser cancelado en los siguientes días, al igual que otras deudas pendientes, y la transferencia de dinero a las Subgobernaciones para la entrega de canastas alimentarias a los adultos mayores.

"Tenemos problemas en cuanto al pago de deudas y eso lo reconocemos porque hemos tenido que priorizar otras situaciones que nos obligaron la crisis sanitaria. En realidad la Gobernación ha manejado muy bien la crisis por la pandemia", reafirmó la funcionaria

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