Los gobernadores de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, que concentran al 71,88% de la población de Bolivia, entraron en discrepancias sobre la posible nacionalización de autos ilegales, conocidos como ‘chutos’. Los gobernadores de La Paz y Cochabamba respaldan la medida; pero el de Santa Cruz expuso su abierto rechazo.
“En este momento tal vez hay que considerar legalizar lo que ya existe, pero, también deberíamos tener la garantía de que a futuro no vamos a seguir con estos procesos que llenan el parque automotor en las ciudades, porque la gran mayoría de estos vehículos además se van a prestar el servicio público”, declaró este miércoles el gobernador paceño, Luis Revilla.
El lunes, 29 de junio el diputado Reynaldo Seas (Libre) hizo conocer que presentó un anteproyecto de ley para nacionalizar unos 500.000 vehículos que no tienen documentos legales y dijo que con ese proceso el Estado puede lograr recaudar hasta 1.000 millones de dólares.
El jueves, 2 de julio, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, expresó su rechazo a la pretensión ‘nacionalizadora’ y dijo que ese tipo de señales solo fortalecen la economía ilegal, como la internación de vehículos chutos.
Al día siguiente fue el turno de su colega cochabambino, Manfred Reyes Villa, quien lanzó la tesis de que los vehículos ya están en el país y no se los puede ignorar, porque además en el área rural están cargando combustible, aunque las autoridades lo nieguen.
“Habría que ya nacionalizarlos, porque igual están caminando en todas las ciudades, pero sin pagar un solo centavo. Yo sé que hay sectores que se oponen, los entiendo, pero hoy hay que darle una solución. Porque alguien le va a tener que dar la solución algún día y este es el momento por la falta de recursos económicos que tiene el país”, explicó la autoridad.
De ese modo, las principales autoridades departamentales divergen sobre la conveniencia o no de emitir una nacionalización única. Este miércoles el portavoz presidencial, José Luis Gálvez intentó cerrar el debate manifestando que ese tema quedará en manos de la Asamblea Legislativa, no obstante, la mayoría de las dos cámaras responde al Gobierno.