Gobernadores rechazan el Presupuesto 2025 y exigen más inclusión en la gestión de recursos
Las autoridades de siete de los nueve departamentos se reunieron en Santa Cruz para debatir medidas contra la crisis. Preparan un plan para presentarlo a Luis Arce y rechazan la política ambiental del Estado
Siete de los nueve gobernadores del país manifestaron su rechazo al proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, argumentando incumplimientos de acuerdos previos por parte del Gobierno nacional.
Según el documento firmado por los gobernadores de Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija y Cochabamba, junto a los equipos técnicos de Beni, Oruro y Potosí, el presupuesto proyectado no incorpora compromisos asumidos en el último Consejo Nacional de Autonomías.
“Rechazamos el anteproyecto del PGE 2025 porque no cumple lo instruido por el presidente Luis Arce en las reuniones técnicas con diferentes ministerios”, declaró el gobernador en ejercicio de Santa Cruz, Mario Aguilera.
La autoridad regional destacó que esta decisión responde a las inconsistencias en la distribución de recursos y la falta de inclusión de las regiones en el diseño presupuestario.
El PGE 2025 y su impacto
El proyecto del PGE 2025 contempla un presupuesto consolidado de 296.565 millones de bolivianos, lo que supone un incremento del 11,7% respecto al 2024.
También se proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 3,51% y una inflación del 7,5%, manteniendo un déficit fiscal elevado del 9,2% del PIB. El modelo económico propuesto continúa priorizando un alto gasto público, con subvenciones a hidrocarburos estimadas en más de $us 2.900 millones.
El presupuesto prevé una mayor asignación para sectores clave como educación (Bs 31.078 millones) y salud (Bs 29.892 millones), así como el fortalecimiento de industrias que promuevan la sustitución de importaciones.
Sin embargo, expertos cuestionan la sostenibilidad de este esquema dada la creciente deuda externa y el limitado margen fiscal. A esto se suma las dificultades para acceder a dólares y por efecto de ello la existencia de un mercado paralelo.
Medioambiente
Además del PGE, los gobernadores expresaron su oposición al decreto 5264, que regula la gestión y el financiamiento relacionado con el cambio climático.
Argumentaron que esta normativa excluye a municipios, gobiernos indígenas y comunidades que habitan y protegen los bosques.
Según estimaciones presentadas en la reunión, Bolivia cuenta con 55 millones de hectáreas de bosques, capaces de generar ingresos anuales de $us 5.000 millones por servicios ambientales.
Los gobernadores demandaron un marco legal que garantice una distribución equitativa de estos recursos entre todos los niveles de gobierno y las comunidades
Propuestas
Los gobernadores acordaron trabajar una propuesta integral que aborde aspectos técnicos, ambientales, jurídicos y sociales para la redistribución de los beneficios provenientes del mercado de carbono.
También pidieron al Gobierno mayor transparencia y diálogo para garantizar la participación efectiva de las regiones en la planificación presupuestaria.
Este rechazo colectivo al PGE 2025 pone de manifiesto las tensiones persistentes entre el Gobierno central y las autonomías regionales, una dinámica que podría intensificarse en el debate legislativo del proyecto en las próximas semanas.
