Gobierno aguarda a los ‘antivacunas’ para iniciar diálogo sobre los decretos
El Ejecutivo ya pidió a los jueces que atenderán las dos demandas contra los decretos que nieguen la tutela de los mismos
Las protestas, recursos judiciales y amenazas de convulsión por los grupos denominados “antivacunas” llevaron a reaccionar al Gobierno que decidió escuchar las demandas y entablar un diálogo con sus representantes, según reveló el viceministro de Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva.
“El diálogo está abierto para cualquier sector y organización, para analizar los alcances, los objetivos y la naturaleza jurídica de los dos decretos. Por tanto, estamos a la espera de poder reunirnos y escuchar a esos sectores”, dijo Silva en contacto telefónico con EL DEBER.
Distintas organizaciones, desde campesinas hasta evangélicas decidieron protestar en contra de los decretos 4640 y 4641 que obligan a portar el carnet de vacunas o una prueba PCR anticovid para acceder a servicios del Estado.
El lunes, en La Paz, representantes de estas organizaciones presentaron una acción popular en contra de los dos decretos; mientras que en Santa Cruz el Colegio de Abogados presentó un amparo constitucional contra las dos normas. En ambos casos los demandados son las principales autoridades del Órgano Ejecutivo.
Este martes, el turno fue de los maestros rurales de La Paz y las juventudes del MAS del área rural. En el primer caso, los educadores dieron un plazo de 24 horas para que el Gobierno abrogue los dos decretos; mientras que los dirigentes juveniles del masismo pidieron que se dé una pausa a las normas para aplicarlas en el área rural.
El viceministro Silva dijo que están dispuestos a explicar los alcances de los decretos, pero no se puede hablar de su abrogación.
Explicó que el informe de salud indica que el número de contagios es superior a cualquier anterior ola y que es la vacuna la que está funcionando para que los pacientes logren superar el virus con mejores posibilidades que quienes no la reciben.
Solicitó a los jueces que tendrán a su cargo las dos demandas que rechacen la tutela tanto de la acción popular como del amparo constitucional porque el Gobierno está velando por la salud de la mayoría de la población.
