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La ausencia pública del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, genera dudas, comentarios y preguntas sobre la falta de acción directa del Ministerio Público en los actos delictivos que se observaron en días pasados durante los bloqueos de carreteras en el país.

"No le contesta a nadie, ni a los ministros, ni a nadie", afirmó el viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, al referirse a la imposibilidad de las autoridades gubernamentales para encontrar al fiscal general, designado en octubre de 2018 por el anterior gobierno del MAS.

EL DEBER estuvo durante toda la jornada del lunes (17 de agosto) en busca de un contacto con Lanchipa o con alguna persona cercana a su entorno, que pudiera explicar dónde se encuentra y por qué razón, desde hace varias semanas, no ha podido ser ubicado por ningún medio de comunicación para responder diversas consultas.

A través del corresponsal en Sucre, William Zolá, se procuró saber si Lanchipa había asistido regularmente al edificio de la Fiscalía General del Estado, pero la respuesta de los encargados de la seguridad fue que es necesario un contacto con el área de Relaciones Públicas  para obtener alguna información oficial sobre la primera autoridad del Ministerio Público en el país.

Recibida esta explicación, EL DEBER tomó contacto con José Luis Tarquino, a cargo de las Relaciones Públicas de la Fiscalía. Se le enviaron consultas a través de mensajes de Whatsapp y se le hicieron llamadas por la misma vía, pero no se recibió ningún tipo de respuesta.

El viernes 14 de agosto, este mismo funcionario respondió a las consultas de EL DEBER para obtener una versión del fiscal Lanchipa sobre el conflicto por los bloqueos de carreteras. La autoridad solo había emitido un comunicado institucional ordenando a las fiscalías departamentales crear comisiones para investigar esos hechos.

Si el comunicado de la Fiscalía General se debe tomar como una última actuación de Lanchipa ante los medios de comunicación del país, fue el 10 de agosto, aunque el viceministro Issa dijo que no se sabe nada sobre la autoridad desde finales de abril o principios de mayo.

"El Ministerio de Gobierno y otros ministerios han tratado de contactarse con el fiscal Lanchipa, pero ha sido imposible, no puede ser habido", apuntó Issa y dijo que el Gobierno está analizando la posibilidad de iniciar un proceso penal en su contra  por el delito de incumplimiento de deberes, ya que la Fiscalía no actuó de oficio para generar denuncias en contra de los bloqueadores violentos y armados que se observaron en las carreteras del país.

Se supo, de forma extraoficial, que se emitió una instrucción verbal a todas las fiscalías del país para que no se actúe de oficio en estos casos donde hay gente del MAS involucrada y que, para actuar, era necesario que la Policía o los afectados por el hecho decidan interponer una acción y que luego el Ministerio Público se haga cargo del proceso judicial.

El fin de semana en el programa ¡Qué semana!, de EL DEBER Radio, el viceministro Wilson Santamaría lamentó la ausencia del fiscal Lanchipa cuando hay conflictos en los que están involucrados militantes del MAS y dijo que esto no podía suceder. "El fiscal ha estado ausente", aseguró la autoridad gubernamental. De acuerdo con el corresponsal de EL DEBER en Sucre, Lanchipa tampoco se hizo presente en los actos protocolares del 6 de agosto.

Finalmente, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Arturo Yáñez, recordó que el año pasado pidieron la renuncia de todas las autoridades que fueron designadas por los dos tercios del MAS y dijo que Juan Lanchipa es una autoridad que no tiene independencia.

"Él no puede investigar a su propio jefe, el MAS. En los últimos hechos ha brillado por su ausencia. Él (Lanchipa) debería presentar su renuncia al cargo, porque no puede ser objetivo siendo un operador del MAS", aseguró Yáñez.

En el caso cruceño, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz tiene abiertos tres procesos investigativos por los bloqueos, dos de ellos fueron denunciados de oficio por la Policía, el caso de los bloqueos y enfrentamientos en Samaipata (hay un detenido en Palmasola y otro libre con medidas sustitutivas a la cárcel) y la aparición de sujetos armados en motocicletas en los bloqueos de Yapacaní. 

La tercera causa fue denunciada por las ocho personas que fueron secuestradas por los bloqueadores en la comunidad de Tiquipaya (zona de Jorochito), lugar que en 2008 fue el escenario del asesinato del unionista Edson Ruiz en medio de un enfrentamiento entre masistas y autonomistas, cuya investigación aún no tiene avances significativos. 

En ninguno de los procesos registrados en Santa Cruz, la Fiscalía Departamental actuó de oficio para indagar o promover pesquisas, que permitan identificar a los causantes de diversos delitos cometidos durante el cierre de las vías en la región.