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El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que el Gobierno asumirá nuevas acciones legales para lograr la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado por la 'Masacre de Octubre Negro' de 2003. Actualmente, el exmandatario reside en Estados Unidos al igual que el exministro Carlos Sánchez Berzaín.

“Se van a empezar a abrir otras vías, además de los juicios por la Masacre de 2003 en nuestra Asamblea Legislativa. Hay al menos tres acciones que están en trámite para ser consideradas y ser autorizadas por dos tercios de votos”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.

La autoridad sostuvo que dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) hay otros casos en curso de autorización para llevar a un nuevo juicio a Sánchez de Lozada; algunos tendrían que ver con hechos de corrupción, delitos que usualmente dan paso a procesos de extradición por parte del Gobierno estadounidense.

“Vamos a insistir con la extradición del señor (Gonzalo) Sánchez de Lozada. Tenemos un proceso que está actualmente en el Tribunal Supremo de Justicia. En todo caso (la extradición) es una decisión soberana de EEUU, lugar donde reside actualmente”, apuntó Lima.

En octubre de 2003, Sánchez de Lozada se enfrentó a una revuelta popular en El Alto y la ciudad de La Paz con un despliegue militar. La represión tuvo como saldo 67 muertos y más de 400 heridos. El entonces presidente y varios de sus ministros salieron del país por esta situación.

Posibles nuevo juicios contra ex autoridades

El abogado de las víctimas de la masacre de octubre de 2003, Thomas Becker, sostuvo que el proceso civil seguido en EEUU en contra del expresidente Sánchez de Lozada y del exministro de Defensa Sánchez Berzaín, abre la puerta para el inicio de nuevos procesos en contra de otros “violadores de derechos humanos”, como los exministros del Gobierno transitorio, Arturo Murillo y Fernando López.

“Este caso abrió muchas puertas para las víctimas de abusos, no solo en Bolivia, sino en todo el mundo, (porque) ahora (Estados Unidos), que generalmente protege a las personas que cometen abusos, ha cerrado la puerta a las personas que entran aquí después de matar a su gente; (entonces) es un mensaje muy fuerte (para esas personas) y abre la puerta (para) otros casos (…) porque si recuerdan, Murillo y López (también) han escapado a los Estados Unidos, están en Florida. (…) Yo creo que puede servir para una forma de (hacer) justicia para las víctimas”, sostuvo en una entrevista con un medio paceño que fue reflejada por ABI.

Vale recordar que el lunes pasado, la Justicia estadounidense denegó la moción planteada por Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, respecto al proceso en que se los responsabiliza por las muertes de la 'Masacre de octubre' de 2003, y ratificó la sentencia que establece el pago de $us 10 millones a favor de los demandantes.

El abogado dijo que existen similitudes entre la masacre de 2003 y las muertes en Senkata y Sacaba, en 2019. "Yo estaba en Sacaba, yo vi la sangre y hemos hecho una investigación durante ocho a nueve meses (…) y por supuesto que hubo masacres (tanto) en Sacaba, Senkata y en (El) Pedregal, eso es muy claro y yo creo que hay mucha prueba de esas violaciones de derechos humanos y hay muchos paralelos (con lo suscitado en 2003)”, agregó el abogado.

Citó como ejemplos el Decreto Supremo 27209 del 11 de octubre de 2003, emitido durante el gobierno de Goni, y el Decreto Supremo 4078 del 14 de noviembre de 2019, aprobado por la expresidenta Jeanine Áñez, normativas que respaldaron las intervenciones militares en ambos hechos.

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