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El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció que se iniciará un proceso penal contra el exdirector ejecutivo del Servicio General de Identificación Personal (Segip), Mauricio Fernández, debido a una serie de irregularidades detectadas durante su gestión en el Gobierno de transición.

Del Castillo denunció que el exviceministro de Transparencia, Guido Melgar, solicitó información de 592 personas para ser investigadas, pese a que la normativa vigente impide que se difunda información personal de quienes están registrados en el Segip.

La normativa establece, según el ministro, que no puede entregarse ningún documento ni manipularse información fuera de las oficinas del Segip, así como los funcionarios de esta entidad no pueden extender fotocopias simples o autenticadas de la identificación de las personas, las cuales habrían sido remitidas por Fernández al exviceministro Melgar.

"Preocupa que este robo de la privacidad de personas no fue solo contra exfuncionarios de la administración de Evo Morales, incluso hay menores de edad, personas fallecidas o intelectuales y analistas como Reymi Ferreira" o exautoridades de otros gobiernos, de acuerdo al reporte del ministro. 

En la lista también se investiga al embajador de Bolivia en Venezuela, Sebastián Michel, exjugadores de fútbol, funcionarios de la Gobernación de La Paz y miembros de la Policía Boliviana.

"Hemos encontrado un Ministerio desorganizado, sin información y desordenado para no encontrar evidencias de persecución política. Se está iniciando un proceso penal contra el exdirector del Segip por incumplimiento de deberes y uso debido de influencias", remarcó el ministro del Castillo.

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