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Las víctimas de Senkata y Sacaba estaban a punto de iniciar un nuevo conflicto para el Gobierno. Los afectados de los hechos de 2019 pedían la atención del propio presidente Luis Arce. Eso no se pudo y levantó el reproche del sector. Sin embargo, un grupo de autoridades se acercó a las víctimas e iniciar ayer el diálogo para resolver sus demandas. En Santa Cruz la marcha indígena continúa abandonada hace más de un mes y no hay atención a su pliego por el Ejecutivo.

La marcha de un bloque de las víctimas de Senkata y Sacaba llegó el lunes a la sede de Gobierno e instaló una vigilia en inmediaciones de la Casa Grande del Pueblo. Este sector había solicitado una audiencia con el presidente Arce, pero enviados del mandatario rechazaron ese pedido. Hubo molestia en el sector y reclamaron porque se quedaron toda la noche a la intemperie en La Paz.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, se acercó a los marchistas y les propuso iniciar el diálogo ayer con la conformación de comisiones. Las víctimas, luego de una reunión, decidieron aceptar la invitación y empezaron la negociación ayer cerca del mediodía.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, encabezó la comisión de autoridades. Además de Ríos, también estaban en el diálogo el viceministro de Justicia, César Siles; el viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox; y el director del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), Tito Tornero. La reunión se desarrolló en ambientes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia.

“Hay distintos grupos de víctimas y nosotros como Gobierno hemos sostenido varias reuniones, hemos estado varias veces con ellos y avanzando en todo el tratamiento integral que tiene como base la (demanda de) justicia, como lo han expresado nuestros hermanos”, afirmó Prada.

Las víctimas de Senkata y Sacaba entregaron al Gobierno un pliego de 22 puntos de demandas. Entre algunos exigen al Gobierno un trabajo con un sueldo mínimo de 5.000 bolivianos, 10.000 bolivianos por los gastos de sepelio y Bs 50.000 para todos los heridos.

Las demandas

En sus demandas también se exige la “provisión” de viviendas para las víctimas, que engloban a familiares, heridos y torturados. También piden créditos bancarios con interés cero para el mismo grupo de afectados. También demandas un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez y la destitución de funcionarios públicos que “amenazan y discriminan” a los afectados.

“Pedir al Fiscal General que inicie juicio de responsabilidades contra la Sra. Añez, sus ministros y sus comandantes del Ejército y de la Policía Boliviana por los delitos descritos en el informe ‘Masacres y Asesinatos RALP N° 86/2019-20’ de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa”, dice el sexto punto del pliego de los afectados.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) garantizó a las víctimas de Sacaba y Senkata que la expresidenta Añez será juzgada en la vía ordinaria por la emisión del Decreto Supremo 4078 que permitió la participación de las Fuerzas Armadas (FFAA) en operativos durante la crisis de 2019.

El anuncio fue realizado ayer por el diputado Andrés Flores (MAS), quien es presidente de la comisión de Justicia Plural de la Cámara Baja. “Pedirles a los familiares de las víctimas (de Senkata y Sacaba) paciencia porque sí o sí se hará justicia por vía ordinaria a la señora Añez”, afirmó.

El legislador masista afirmó que el decreto 4078, que eximía de “responsabilidad penal” a los militares que participaron en las operaciones antidisturbios durante los conflictos de 2019, es el documento que inculpa a Jeanine Áñez en este caso.

La normativa, derogada por los cuestionamientos vinculados a los derechos humanos, fue firmada por Áñez cuando era presidenta. La exmandataria fue quien derogó esa norma tras los sucesos con muertes.

El MAS, que no tiene dos tercios de apoyo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, congeló el tratamiento de cuatro proposiciones acusatorias contra Áñez en la comisión Mixta de Justicia Plural. El líder del partido, Evo Morales, pidió la semana pasada enjuiciar a la exmandataria por la vía ordinaria. Lo mismo solicitó la exdiputada Lidia Patty, quien inició la demanda del caso de supuesto “golpe de Estado”.

La expresidenta está detenida desde marzo acusada por delitos de terrorismo, sedición y conspiración, además de incumplimiento de deberes por la forma en la que llegó al poder. Estos procesos fueron codificados como “golpe de Estado I y II”.

La reunión entre autoridades del Gobierno y las víctimas de Senkata y Sacaba todavía continuaba hasta el cierre de edición de esta nota. El representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto, David Inca, informó a este medio que no se aceptará un cuarto intermedio y que saldrán del salón de los mineros “con todos puntos resueltos”.

Marcha indígena

Lo contrario pasa con la marcha indígena de tierras bajas. La columna llegó a la capital cruceña el 29 de septiembre tras 37 días de caminata desde Trinidad. Los indígenas también pedían una reunión con el presidente Luis Arce. El viceministro Ríos también se acercó a los movilizados, pero fue rechazado por no tener una autorización para firmar acuerdos.

Los indígenas, desde esa fecha, no fueron convocados al diálogo. Benigno Noza, uno de los voceros de la marcha, informó que una comisión de los movilizados se trasladará a La Paz para entregar una carta al presidente Arce con el objetivo de que los reciba para presentarle sus demandas.

“Estamos todavía tratando de conseguir recursos para que una comisión vaya a la ciudad de La Paz para que entregue la carta de invitación al diálogo al presidente Luis Arce. Estamos acá (en Santa Cruz de la Sierra) sin una respuesta del Gobierno, como se diría estamos olvidados”, lamentó Noza.

Noza recordó que se enviaron varias invitaciones a los cuatro poderes del Estado, pero hasta el momento -aseguró- no tuvieron ninguna respuesta ni señal de diálogo para atender el pliego de demandas. Los marchistas se encuentran en las instalaciones de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM).

Además, el dirigente explicó que cuando llegaron algunos viceministros para intentar reunirse con ellos se los rechazó porque no tenían un documento que avale su “poder de decisión” en los posibles acuerdos a los que se lleguen. “Desde que vinieron los viceministros no tuvimos más llamados del Gobierno. Estamos acá con niños, mayores de edad y mujeres, ellos lo saben y no hacen nada”, lamentó Noza.

El dirigente evitó hacer una comparación con la marcha de las víctimas de Senkata y Sacaba, pero consideró que el Gobierno tiene más “inclinación” a la marcha que llegó el lunes a La Paz porque fue atendida por la ministra de la Presidencia. “Somos todos bolivianos, con diferentes demandas, pero también merecemos el mismo trato”, expresó.

La agenda de demandas de los pueblos de tierras tiene 15 puntos. El primero de ellos y es el que marcó la historia de las marchas indígenas en Bolivia se refiere al territorio. En el documento figuran también otros pedidos como la creación de un fondo indígena, la derogación de leyes y normas que afectan a estos pueblos, así como atender los problemas de salud, educación y la aprobación de una nueva ley de Amazonía y castigar los avasallamientos, entre otras demandas.

La semana pasada, la marcha indígena se reunió con el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien pidió al presidente Arce atender las demandas de los marchistas. La autoridad regional se comprometió a brindar ayuda a la columna.

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