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“Los masistas están probando su propia medicina”, así graficó el diputado Amílcar Barral cuando se refirió a todos los casos que están abriendo a las exautoridades de gobierno y dirigentes del MAS. Los masistas creen que hay una persecución sin medida contra sus dirigentes y por eso exigían la Ley de Garantías.

Barral explicó que sin la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), los masistas podrían estar festejando un triunfo electoral en octubre del pasado año. Recordó que fue el entonces vicepresidente Álvaro García Linera quien impuso la aprobación y que fue el exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) José Luis Exeni quien trabajó la norma, pese a las protestas y observaciones que hicieron los entonces opositores.

La LOP estableció las elecciones primarias en los partidos, pero fundamentalmente, la segunda vuelta electoral entre los partidos más votados, sistema de elección que no estaba vigente en la Ley de Régimen Electoral (026), “les cayó su mismo invento”, dijo.

Otras dos

El 20 de febrero, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, llegó a La Paz y presentó un memorial ante la Fiscalía Departamental en el que pide formalmente que todos los bienes del expresidente Evo Morales sean incautados, en aplicación del decreto 138 que manda a confiscar bienes a todas las personas acusadas de terrorismo, aunque estas no tengan una sentencia ejecutoriada.

Ese decreto fue aprobado cuando surgió el denominado caso terrorismo en Santa Cruz y se aplicó a todos los acusados, cuyos bienes pasaron a Dircabi sin que puedan utilizar algún recurso. Evo Morales y varios de sus excolaboradores fueron acusados de terrorismo y ahora sus bienes pasarán a Dircabi.

La última “medicina” que aplicaron fue la de la Ley 044 que tiene el extenso nombre de “Ley para el juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público”. Esta norma será aplicada también a Morales porque circunscribe los delitos por los que puede ser juzgado un expresidente.

Según el abogado William Bascopé, que defendió al exmagistrado Gualberto Cusi, dijo que esta Ley 044 quita el ámbito penal para los magistrados y también limita los juicios de responsabilidades a los expresidentes. Si estuviera vigente la antigua ley de juicios de responsabilidades, los exministros, Carlos Romero y César Cocarico podían haberse acogido a un juicio de privilegio, pero con la Ley 044, promulgada en octubre de 2010, solo los dos primeros mandatarios pueden ser juzgados por juicio de privilegio.

El dirigente del Pacto de Unidad, Feliciano Vegamonte afirmó que aquellos que dicen que el MAS debe probar su propia medicina, deben sustentar sus acusaciones y que queda demostrado que la ley se hizo para todos, no para beneficiar a las autoridades que estaban al frente del Estado. Pidió aplicar las leyes, tal como fueron concebidas.



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