El ministro de Desarrollo Rural y Tierras sostuvo que funcionarios se han constituido en la zona del río Parapetí para realizar la fiscalización, pese a que la obra ya está edificada

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8 de febrero de 2022, 9:06 AM
8 de febrero de 2022, 9:06 AM

El Gobierno nacional salió a admitir que en la zona del puente clandestino construido por la comunidad menonita y que cruza el río Parapetí no había autorización para realizar el desmonte que dio lugar a la edificación, que es observada por dañar un sitio medioambiental denominado Ramsar.

Fue el propio ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remy Gonzales, quien aseguró que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) no dio ninguna luz verde para realizar el desmonte en el lugar.

"En la revisión de la documentación, la ABT (evidenció que) no ha autorizado el desmonte para estos predios y se han constituido en la zona para hacer la fiscalización", dijo el ministro, a tiempo de señalar que, si se encuentran maquinarias realizando labores no autorizadas, serán decomisadas.

Esta voz emerge después de que la Gobernación de Santa Cruz denunciara que la ABT tenía conocimiento de la edificación del puente y la institución no hizo nada para paralizar la obra clandestina.

Gonzales manifestó que existe una normativa vigente en cuanto a desmontes y esta debe cumplirse.

Vea la conferencia de prensa:

El secretario de Justicia de la Gobernación de Santa Cruz, Efraín Suárez, dijo que la ABT tenía conocimiento de los desmontes que derivaron en la edificación de la obra, empezando por la apertura de un camino de 14 kilómetros y cuando ya estaban construidos los pilotes del puente. Agregó que la entidad nacional no hizo nada para paralizar la obra, pese a que tenía conocimiento de esta construcción en febrero de 2021.

“Esto constituye un hecho muy grave, si bien la ABT no tiene facultad para autorizar o no autorizar la construcción de un puente, dentro de sus competencias sí tiene la posibilidad de fiscalizar los accesos (…) tienen los permisos de desmonte respectivo”, afirmó el secretario departamental.

Además, Suárez también hizo sus observaciones al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) sobre el saneamiento de las tierras en esta zona de Charagua, a lo que el ministro de Desarrollo Rural salió a responder que el ente ha culminado el saneamiento y titulación en esa zona.

La autoridad explicó que se entregó la titulación a las tierras comunitarias de origen (TCO) respectivas y donde los menonitas realizaron otros desmontes. Sostuvo que una vez el INRA entrega la titulación se pierde la tuición y la competencia, salvo en predios privados; si es pequeña propiedad, el INRA puede intervenir para verificar si se cumple con una función social y si es un predio de gran escala, se debe cumplir con una función económica y social. Mientras que el caso de una TCO "no se puede hacer nada".

El ministro dijo que la construcción del puente es otro asunto y esa responsabilidad recae en la Gobernación y en las autoridades de Charagua, ya que serían los responsables de autorizar las fichas ambientales para levantar este tipo de estructuras. 

Solo una de las 24 capitanías comunales que conforman la Capitanía de Alto y Bajo Isoso autorizó la construcción del puente clandestino, que penetró el ingreso del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (Anmi) Kaa Iya del Gran Chaco, y que amenaza la integridad de los Bañados del Isoso, un sitio Ramsar. 

Así lo denunció el exdirigente indígena Marcelino Apurani Charico, viviente de esta zona, que aseguró que el bloque indígena en su conjunto no aprobó este proyecto.